Ciudad de Panamá, DPA
El cabo del Servicio de Protección Institucional (SPI), Javier Joel Guzmán, su hermano Benjamín y el puertorriqueño Isaac Polanco fueron identificados como los autores de un plan para secuestrar al presidente panameño, Ricardo Martinelli.
Así lo confirmó un informe oficial divulgado este miércoles por el diario local “La Prensa”, que ha dado amplio despliegue informativo a un caso caso que generó expectación nacional e internacional.
El rotativo señaló que los tres sospechosos fueron capturados el domingo, en operaciones simultáneas que organizó el Consejo de Seguridad de la Presidencia, en las comunidades de Bethania, Corozal y San Miguelito, en la provincia de Panamá.
Las investigaciones indican que la banda, cuyo presunto cabecilla era el puertorriqueño Polanco, pediría un rescate de 10 millones de dólares. Sin embargo, no está claro cómo sacarían al mandatario del Palacio Presidencial y cuál sería el lugar de destino.
Polanco llegó a Panamá por primera vez en el año 2008 y su último ingreso fue hace seis meses. Los datos personales y la información del prontuario fueron solicitados a Puerto Rico por la oficina de Interpol Panamá, indicaron fuentes judiciales.
La procuradora Ana Matilde Gómez reveló el martes que el fiscal auxiliar, Luis Martínez, está al frente de la investigación de intento de plagio, y aclaró que fueron formulados cargos criminales en contra de los detenidos, quien son interrogados.
Al respecto, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, afirmó que de ser cierta la información oficial sobre el complot, se solidariza con las investigaciones dirigidas a la captura de los culpables.
“Por encima de las coyunturas políticas está la patria y la democracia”, manifestó el dirigente opositor, quien espera que la denuncia “no sea un Reichstag”, en alusión al incendio del Parlamento alemán por parte de los nazis, del que culparon a los adversarios al gobierno.
Doens exigió una “profunda investigación”, para que caigan los culpables y sean aplicadas las sanciones penales a las personas supuestamente involucradas en acciones contra el jefe de Estado.