6 de September de 2009 00:00

Las huellas de Texaco no se borran

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Redacción Sociedad 

El juicio del siglo. Así se lo califica y se considera que marcará un precedente en este campo a escala mundial.  Tras 26 años de litigio, el proceso contra Texaco (hoy Chevron) está cerca de la sentencia, aunque el lunes 31 de agosto sufrió un nuevo tropiezo.

El jueves 3 de noviembre de 1993, un grupo de nativos de la Amazonia ecuatoriana se arriesgó a iniciar una acción legal contra la transnacional petrolera.

La acusaron de causar graves daños sobre la naturaleza y la población  de la Amazonia al usar tecnología obsoleta  durante sus operaciones extractivas  entre 1964  y 1990.

Para eso recibió del Estado ecuatoriano concesiones de alrededor de 1 millón de hectáreas de territorio en plena selva amazónica. En estas perforó y operó 356 pozos de crudo.  En cada uno construyó piscinas  sin revestimiento para depositar los residuos de crudo, lodos de perforación con aditivos y aguas contaminadas.  Aparte de destruir bosques y de contaminar quebradas, ríos y pantanos.

De acuerdo con el Frente de Defensa de la Amazonia, Texaco regó 18 000 millones de galones de desechos tóxicos y 16,8 millones de galones de crudo. 

Aunque los representantes de Chevron, como su vocero oficial James Craig,  insisten en que  la transnacional  cumplió con la remediación. Se respaldan en un acuerdo firmado en 1998, en el cual el Estado ecuatoriano reconoce  la supuesta remediación.

No obstante, en el libro  ‘Las palabras de la selva’, de Carlos Martín Beristain y otros autores, se señala que “dicha limpieza,  llamada remediación, no cumplió con sus objetivos ni con los estándares internacionales, según los testimonios de la población y las autoridades ecuatorianas”.

La publicación   indica también  que los impactos no se pueden visibilizar solo con análisis químicos 20 ó 30 años después. Pues se habla de secuelas como gente afectada por cáncer o leucemia, -muchos  ya fallecieron-, malformaciones congénitas, abortos... Además de tierras inservibles para  la agricultura y la ganadería.

Ante la expectativa de la comunidad internacional, 15 representantes de los  colonos e indígenas cofanes, secoyas y quichuas de Orellana y Sucumbíos llegaron en 1993  hasta la Corte Federal de Nueva York, EE.UU.  Su exigencia: USD 1 000 millones de compensación para resarcir los daños  causados a  más de 30 000 personas y al medio ambiente.

Poco a poco fueron sumando apoyos, sobre todo de organizaciones internacionales. Incluso estas hoy aportan económicamente para financiar  los cerca de USD 20 000 mensuales que en la actualidad  requieren los demandantes para impulsar el proceso.

En medio de diligencias, inspecciones, declaraciones y apelaciones sigue el proceso desde octubre de  2003 en la hoy Corte de Nueva Loja, Sucumbíos.

Hasta que un informe del perito  presentado en noviembre de 2007 a la Corte Superior de Nueva Loja elevó a  USD 27 000 millones el monto que debería pagar  Chevron por compensación.

Por la trascendencia que adquirió el caso en el contexto  nacional e internacional, Hugo Echeverría, abogado especializado en litigio ambiental y catedrático, considera que, en efecto, creará un   precedente en materia de daño ambiental civil, ya sea que acepte la existencia de daño o no.  

“El caso es tramitado bajo  la novedosa figura jurídica de acción civil por daño ambiental, prevista en la Ley de Gestión Ambiental desde 1999. Este caso indudablemente ayudará a interpretar su alcance y aplicación”.  Agrega que “el  precedente será en varios  ámbitos: desde la aplicación del derecho de daños ambientales hasta la determinación del nexo causal en materia de prueba, hasta la determinación -si aplica- de la cuantificación del daño”.

Aunque el juez Juan Núñez indicó a este Diario que el proceso está en su etapa final (que pudiera dictarse sentencia máximo en enero de 2010), los videos  puestos en la web por Chevron se convirtió en un nuevo freno. Núñez se vio obligado a retirarse del caso por aparecer en el supuesto intento de soborno.

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