Policías en una de las instalaciones allanadas por el caso de Los Ceibos. Foto: Cortesía / Fiscalía
Las investigaciones judiciales revelan nuevos detalles de cómo se concretó la compra de fundas para recoger cadáveres y otros insumos para el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil. Desde ayer, su gerente, la directora financiera y la responsable de compras públicas de ese centro asistencial están procesadas penalmente y se hallan con prisión preventiva.
Sus cuentas bancarias están congeladas y tienen prohibido vender o traspasar sus bienes.
Así lo dispuso el juez de garantías penales Rubén Barrera, en Guayaquil, en una audiencia de formulación de cargos en donde la Fiscalía las acusó de supuesto peculado. Se trata de las primeras funcionarias que son imputadas por las denuncias de corrupción que se han hecho públicas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
Las alertas de corrupción salpican también a otras casas de salud. Las autoridades de control han intervenido en ocho hospitales, incluido Los Ceibos. Ayer, por ejemplo, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia anunció una investigación en el Puerto Principal. “Nuevas alertas de sobreprecios en fundas para cadáveres. Esta vez en el Hospital General Guasmo Sur. Valor Unitario USD 145,26. Idéntico modus operandi…”, dijo el ente.
En la audiencia contra las tres servidoras del Hospital de Los Ceibos, la fiscal Claudia Romero estableció que el valor referencial de cada bolsa para cadáveres es de USD 12.
Sin embargo, en esa casa de salud adquirieron 4 000 unidades a USD 148,5 cada una.
En la diligencia, la Fiscal señaló otras falencias. Por ejemplo, dijo que las funcionarias no invitaron a más proveedores para que pujasen por costos más bajos. Simplemente se llamó a una compañía y se le adjudicó el contrato. Por eso, en este mismo caso la Fiscalía también imputó penalmente a una persona vinculada a la empresa beneficiada.
Luego de que el tema se conociera públicamente, el Hospital de Los Ceibos dijo que se elaboró un estudio de mercado, en el que cuatro empresas entregaron sus proformas.
Sostuvo que todas las firmas ofertaron el producto con precios de entre USD 148 y 160 cada uno, y que se escogió el precio más beneficioso.
Otros centros donde la Secretaría Anticorrupción interviene son los hospitales Verdi Cevallos de Portoviejo, Rodríguez Zambrano de Manta, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y Eugenio Espejo de Quito. En estos dos últimos centros, la Contraloríatambién adelanta auditorías a los procesos de compras de insumos médicos. Además, hay otros auditores en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y en el Luis G. Dávila, en Tulcán.
En el caso del Eugenio Espejo, su antiguo director Pablo Izquierdo Pinos salió de su cargo, tras denunciar que hay “poderes en las altas esferas” que “se mueven en un tablero corrupto de intereses que solo se dedican a negocios de más de un millón de dólares”.
Un agente recoge las evidencias de una oficina, para incluirlas en el expediente. Foto: Cortesía / Fiscalía
Una de las compras que Izquierdo dice haber echado abajo fue la adquisición de equipos laparoscópicos. “Yo declaré desierto este y otros contratos, me sacan (del cargo) por no aceptar presiones. Yo denuncié la corrupción…”, escribió el exdirector en su cuenta oficial de Twitter.
Hoy, a las 10:00, está previsto que Izquierdo declare en la Fiscalía por este caso que se desprende también de una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
La entidad publicó información sobre el Hospital Eugenio Espejo y sobre la compra de equipos para laparoscopia por USD 3,2 millones. Según esa información, la empresa a la que se adjudicó el contrato registra como actividad económica la dirección de campañas de publicidad y estudios de mercado. El lunes, el Servicio Nacional de Contratación Pública declaró desierto el proceso, pues no se trata de una adquisición prioritaria para evitar la expansión del covid-19.
Otra denuncia de la CNA data del 16 de julio del 2019. Entonces, el organismo envió un memorando a la Fiscalía e incluyó los nombres de cinco proveedores de medicinas e insumos de salud que habrían vendido con supuesto sobreprecio al IESS. Ayer 5 de mayo del 2020, este Diario revisó el estado de la denuncia en la web de la Fiscalía y allí se indica que el caso sigue en indagación previa. Es decir, no hay personas procesadas.
En julio del 2019, la CNA habló de “mafias hospitalarias”.
Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión, los actos de corrupción que se han denunciado en la pandemia ya se conocían desde hace meses.
Aseguró que en junio del 2019, el organismo denunció un posible sobreprecio en la adquisición de fundas para cadáveres y en la compra de las mascarillas en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur.
En medio de las denuncias, el Gobierno anunció ayer la creación del Sistema Único de Compra de Medicamentos e Insumos Médicos. Se trata de una herramienta tecnológica que busca “golpear a la especulación y transparentar los procesos”, indicó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
El penalista Pablo Encalada pidió una reforma a la ley de Contratación Pública para que en emergencias “no haya tanta discrecionalidad”.