El Presidente de la República anunció hace unos días que iba a marcar un “hito en la historia ecuatoriana” al enjuiciar, como finalmente lo hizo, al Editor de Opinión de El Universo por un artículo de su autoría que considera injurioso y al extender la demanda a los directivos de ese Diario.
La acción viola los preceptos de responsabilidad ulterior al considerar “cómplices” del supuesto delito a los directivos de una publicación. Si se trata de un “hito”, no lo será en el campo jurídico sino en el campo político, pues nadie desde el poder había intentado ir tan lejos con acciones de apariencia legal pero a todas luces abusivas contra la libertad de expresión.
No es necesario conocer a fondo el funcionamiento de una sección de opinión para saber que sus directivos no pueden responsabilizarse por las afirmaciones de los autores de los artículos; para evitar cualquier posible demanda debieran corroborar todas sus afirmaciones y sus opiniones, lo cual en la práctica se convertiría en censura previa.
Lo que hacen los directivos de un medio es dar espacio para la expresión de la opinión de personas que tienen responsabilidad ulterior sobre sus afirmaciones. Suponer que el directorio es corresponsable y “cómplice” es suponer que ha habido real malicia y una intencionalidad premeditada de causar daño.
Hace unas semanas, en la página de opinión del diario “público” El Telégrafo apareció un artículo inicuo por su contenido e inocuo por su impacto en el cual se insultaba a los medios y a los periodistas independientes. Según el invento presidencial, quienes quisieran darse la pena de enjuiciar al autor tendrían que extender la demanda también a los directivos y a los dueños’
Este invento jurídico aparece junto a otro jamás observado como conducta presidencial en el Ecuador, y que consiste en reclamar millonarios pagos a sus demandados y contrademandados. Rafael Correa y su abogado reclaman por daño moral e injurias unos USD 500 millones, tras haber logrado hace unos meses el pago de cientos de miles de dólares como fruto del juicio a un banco. Es muy difícil no ver en estas acciones ejercidas desde un Ejecutivo tan fuerte, y no desde un ciudadano de a pie, un posible abuso de poder.
Llama poderosamente la atención que el Presidente haya decidido marcar estos “hitos” jurídicos no con un “neoconstitucionalista” sino con un abogado de la vieja guardia que contó entre sus defendidos a uno de los responsables de la caída del sistema bancario.
Este es el contexto en el cual el poder quiere cerrar más el cerco sobre los medios independientes con la consulta popular. Los llamados a la reflexión en esta época son considerados actos cobardes o de doble intención, pero el Presidente debiera pensar seriamente, como se lo han pedido varios sectores, en abandonar su idea de marcar este “hito histórico” que a juzgar por sus motivaciones más bien parece un “hito histérico”.