La historia inmobiliaria de Quito se digitalizó

Agustín Vásconez (izq.) y Martín Enríquez revisan los libros más antiguos del Registro. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Agustín Vásconez (izq.) y Martín Enríquez revisan los libros más antiguos del Registro. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Agustín Vásconez (izq.) y Martín Enríquez revisan los libros más antiguos del Registro. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El archivo del Registro de la Propiedad de Quito guarda la historia de un millón de predios del cantón. Esas actas, además de sentencias y otros trámites, están dentro de 12 000 libros que fueron digitalizados en dos años.

Entre los primeros volúmenes en ser resguardados estuvo uno de 1780. Está deteriorado, pero en la primera hoja aún se lee que el 1 de enero se registró un préstamo por 100 pesos reales para comprar la casa Arrabay de la calle Langa, en San Blas, barrio Santa Bárbara.

Luisa Pasquel y Francisca de Salas fueron quienes prestaron ese dinero a Carlos (no se descifra el apellido); también se detalla que la casa quedó hipotecada, junto con las herramientas que contenía. Y al final del registro se lee: “Firmado, el Rey, Dios y vale”.

Para 1860 se crearon los libros de propiedades donde, además de las hipotecas, se registraban los bienes que se vendían incluso con esclavos. Otras familias solían entregar su predio a cambio de tener acceso a una vertiente de agua.

Esas anotaciones se llevaron a cabo porque, como indica Agustín Vásconez, director del área de Gestión Documental y Archivo, el Código Civil de 1858 dispuso la inscripción obligatoria de todas las transferencias de dominio.

Agrega que los libros de 1900 en adelante tuvieron un cierto orden y se seguía escribiendo a mano. Eso duró hasta el 2017, año en que se empezaron a levantar los libros digitales.

Sin papel de por medio, el proceso para digitalizar la información inmobiliaria del Registro de la Propiedad del Distrito arrancó en el 2015. Se lo hizo a través de un proceso de técnicas fotoeléctricas de digitalización. Con la ayuda de un robot se escanearon 3 000 páginas por hora.

Una vez terminado ese procedimiento, se utilizó la firma electrónica digital, para dar vida jurídica a los documentos.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos reconoce, en el Art. 51, los instrumentos públicos electrónicos. Y en el Art. 2 manifiesta que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos.

El servicio del Registro de la Propiedad era particular desde 1930, pero con la expedición de la nueva Constitución del 2008, la situación jurídica, institucional y política del Ecuador presentó un cambio radical en materia registral.

El artículo 265 de la Carta Magna señala que el Registro de la Propiedad es un sistema público, que debe ser administrado entre el Ejecutivo y las municipalidades.

Mientras se hacía el trabajo de digitalización se encontraron varias actas con abundante historia de la ciudad. Una de ellas da cuenta de que el general Eloy Alfaro compró una propiedad en la capital, otra acta registra cómo se realizó la división de la hacienda La Granja, de propiedad de María Augusta Urrutia, recuerda Vásconez.

Esta tarea de digitalización era urgente, según Martín Enríquez, registrador de la Propiedad del Distrito. Todo porque los libros físicos sufrían maltrato y desgaste por el uso en la búsqueda de la información, incluso algunas hojas fueron mutiladas.

Adicionalmente, agrega, estaban expuestos a amenazas por desastres naturales; hace algunas décadas hubo un incendio. De allí que, la desaparición de un libro le significaría al ciudadano un grave perjuicio al perder la información inmobiliaria.

Hay más, según Vásconez los funcionarios municipales hacían largas filas en los pasillos del registro para consultar un mismo libro, porque requerían otras actas. Todo eso desem­bocaba en que el ciudadano no lograra obtener su trámite registral en los tiempos adecuados. Diariamente, 50 certificadores revisaban más de 3 000 libros.

Tras la digitalización, los procesos son más rápidos. Por ejemplo, las inscripciones de los bienes inmuebles se realizaban entre 5 a 8 días, ahora es de 2 a 3 días, y los certificados de bienes y de búsqueda se demoran 24 horas.

El certificado de gravamen, según Enríquez, es el producto que mayor número de pedidos tiene: al día suman alrededor de 1 000 certificados. Antes se entregaban en 8 días y ahora, entre 3 y 5 días. El papel de propiedad se extiende en 72 horas luego de la petición.

Hay un porcentaje de 8 a 10% de certificados que se entrega en un tiempo superior a los 5 días, por la complejidad del análisis jurídico del predio, indica Enríquez.

La nueva herramienta digital es abierta al público, a través de la cual los usuarios pueden realizar peticiones sobre la información de la legalidad de sus bienes inmuebles del cantón Quito.

Posteriormente, incluso se piensa dotar de tecnología y permitir la generación de una cédula inmobiliaria de todos los bienes. Ese es el objetivo del Municipio.

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