Entrevista a Vladimiro Álvarez, Ministro de Gobierno de las presidencias de Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad.
¿Desde cuándo data este problema de las competencias con el transporte?
Antes, el Ministro de Gobierno era de Gobierno, Policía, Justicia, Municipalidades y Cultos. En materia de transporte, tenía que tratarlo junto al de Policía y Municipalidades. Pero también se establecía la facultad de transferir competencias que no le fueran exclusivas a los municipios que quisieran asumir tales competencias.
¿Los municipios querían asumir esas competencias?
Hubo alcaldes que solicitaron que se les transfiriera la regulación sobre rutas, estado de los vehículos. Muchos, con alto grado de picardía política, no querían la de fijar las tarifas sino que la siga teniendo el Gobierno, porque es una decisión que conlleva una respuesta política de parte del pueblo.
Cuando se aumentan las tarifas se incrementa el costo de la vida. ¿No debiera ser una decisión nacional?
Por eso en la Constitución se establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y espectro radioeléctrico. Entonces, tiene que administrar, gestionar y regular el transporte.
El argumento es que están claras las competencias municipales. El Presidente dijo que si no tienen recursos para subsidiar el transporte, debieran aumentar el precio de las matrículas…
En un análisis global, son actitudes hipócritas, propias de gobiernos demagógicos. El Gobierno no quiere asumir la responsabilidad de que, al quitar los subsidios, necesariamente tendrá que subir las tarifas y el pueblo se le viene encima.
¿Es conveniente que un sector estratégico esté en manos privadas?
La Constitución permite que el Estado delegue la prestación de servicios en el área estratégica a empresas privadas o empresas públicas para ello.
Pero el gremio de choferes tiene una de las mayores capacidades de presión…
Tiene un gran poder de movilización no solo entre sus miembros sino entre la población que necesita del servicio. Por eso hay gobiernos que no quieren comprometerse con el tema de tarifas. Deben sentarse juntos autoridades estatales y municipales, representantes de los sectores del transporte público y de los usuarios para presentar las realidades tal como son y no como quieren que la gente crea…
¿Y qué quieren que la gente crea?
Que el culpable es el otro.
¿Qué efecto tendría sobre la población?
Está viviendo una incertidumbre y está a la expectativa de que sus representantes municipales y del Gobierno tomen decisiones que no las perjudique en mayor grado. He escuchado a personas que están conscientes de que no se pueden mantener las tarifas congeladas tanto tiempo, pero que el ajuste no sea muy alto.
¿Cuán desacertado ha sido mantener congeladas las tarifas tanto tiempo y satisfacer por otra parte a los transportistas con el subsidio?
Es lo mismo que ocurre en otras áreas, como el combustible. El Gobierno es incapaz de reconocer que no puede sostenerse un monto tan alto a los subsidios poniendo tarifas falsas. En algunas áreas estamos viviendo un mundo de hipocresía; todo se respalda en los ingentes gastos del Gobierno.
Si eliminan el subsidio, los pasajes podrían subir casi el 100%…
El subsidio a la transportación viene del Gobierno. No puede decir que lo retira y que lo asuman los municipios. Este subsidio asume parte del costo de los combustibles, que no es responsabilidad de los municipios sino del Gobierno, que ha venido conteniéndolo por temor a una reacción popular. En algún momento, algún gobierno deberá transparentar la situación -algo que muy pocos políticos quieren- y tener la valentía para ir sincerando
los precios.
Entonces volvemos a su respuesta inicial: la repercusión popular…
Siempre que no haya un consenso adecuado. Lo importante es que la autoridad no se imponga con soberbia. Hay que compartir los elementos que lleven a la toma de una decisión adecuada.
Pero todo parece reducirse a una puja política de dos municipios (Quito y Guayaquil) que son la antítesis del Gobierno.
Es muy difícil cuando se tiene un alto nivel de intolerancia. Los que están en la función pública deben entender que la soberbia no conduce a nada positivo a mediano o largo plazo, aunque sirva al corto plazo.
Cuando se habla del aumento de las tarifas siempre hay la promesa de mejorar el servicio y eso es algo que los usuarios saben que no es realidad…
Para eso los diálogos deben establecer el aumento de las tarifas y la obligación de mejorar en un plazo determinado
el servicio.
La experiencia dirá que eso es una utopía…
Pero están dispuestos a hacerlo siempre que razonablemente se les ajuste la tarifa.
Su hoja de vida
Fue Ministro de Trabajo y de Gobierno en la Presidencia de Osvaldo Hurtado; y de Gobierno en la de Jamil Mahuad. Fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil y ahora ejerce como abogado de libre ejercicio.
Su punto de vista
En algún momento deberá llegar un Gobierno que sea capaz de sincerar el precio de las tarifas de transporte. Los temores políticos detienen esa toma de decisión.