21 de marzo de 2018 00:00

Una hacienda fue invadida en Pastaza y Mera

Las casas se construyeron sin el permiso y una debida planificación del Municipio. Los techos de zinc se convirtieron un peligro para los pilotos. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Las casas se construyeron sin el permiso y una debida planificación del Municipio. Los techos de zinc se convirtieron un peligro para los pilotos. Fotos: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Fabián Maisanche

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Las 905,30 hectáreas de lo que fue una próspera hacienda para el cultivo y procesamiento del té, ahora es un problema jurídico, social y de seguridad aérea para Pastaza y Mera.

Unas 2 000 familias, provenientes de las comunidades del interior de las provincias amazónicas, así como de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Esmeraldas, Pichincha y otras, invadieron estos terrenos y continúan llegando más pobladores en busca de un lote. La apropiación empezó desde el 2010.

Con palos, tablas, hojas de zinc, plásticos, bloques y otros materiales construyeron sus pequeñas casas en los predios de la exhacienda Té Zulay. Unas familias ocuparon las instalaciones de la fábrica y otros delimitaron los supuestos lotes -de los que dicen ser propietarios “ancestrales”-, con alambres y maderos.

Estas obras continúan realizándose a pesar de que el juez de la Unidad Civil de Pastaza, Erik Vásquez Llerena, ordenara la ejecución del desalojo de bienes y personas asentadas en este predio, el 26 de octubre del 2017. El juez notificó a la Intendencia y al Comandante de la Sub Zona de la Policía Nacional el 4 de diciembre del mismo año, y el 2 de marzo en la causa 16331-2016-01057.

Las casas en la zona se hacen con madera y plástico. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Las casas en la zona se hacen con madera y plástico. 

El juicio es en contra de Antonio Vargas Guatatuca al incumplir la promesa de compra venta de los predios con el gerente de la empresa Dierikon S.A., René Zambrano.

La sentencia fue dictada por la jueza Sonia Cuenca por recesión o resolución de contratos y en la cual se sentenció a que se desocupen los lotes 1, 3 y 5 de la exhacienda.

Rigoberto Reyes, intendente de Pastaza, confirmó la recepción de la orden y que los documentos ya fueron remitidos al Ministerio del Interior. Él agregó que solicitaron una certificación y pidieron a esta Cartera de Estado que personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional intervenga en los desalojos.

Mientras este litigio continúa, los dirigentes de la autodenominada Ciudad Intercultural de las Nacionalidades Amazónicas indican que más familias continúan asentándose en los predios.
La mayoría de pobladores aduce tener escasos recursos y además, afirman ser los dueños de sus lotes, incluso dicen haber pagado por ellos.

Antonio Tapuy colocaba las últimas tablas del piso de su casa, ubicada a 200 metros del ingreso a la hacienda el martes pasado, 13 de marzo. Lo hizo sin los permisos de construcción del Municipio de Mera. A pocos metros de allí viven sus dos hermanos, dos sobrinos y un primo que tienen terrenos en la comunidad indígena de Tanguntsa.

Los improvisados alambres del servicio eléctrico están próximos a las dos ventanas de la casa. Mientras unos tubos salen de unas estructuras que parecen letrinas hacia el río Pimbo Grande y Salomé.

El Cabildo confirma que las construcciones son ilegales y que no es aconsejable que se sigan edificando viviendas en la zona de aproximación al aeropuerto Río Amazonas.

Según Víctor Gallegos, director de Planificación del Cabildo, hay problemas con las antenas que ayudan para el aterrizaje de las aeronaves. Las viviendas se construyeron en las cercanías de estas infraestructuras. Las planchas de zinc -que hacen las veces de techos- son consideradas un riesgo para los aterrizajes y despegues.

Otra de las dificultades es la contaminación de ríos y riachuelos, la destrucción de las tolas, el incremento de la basura y la inseguridad en el lugar.

“Ubicar el alcantarillado y red de agua potable correspondería a una inversión del doble del presupuesto del Municipio que es de USD 4 millones”, indica Gallegos.

María Cruz
y sus tres hijos pequeños son indígenas de la parroquia Santa Rosa, en Tungurahua. Ella no tiene escrituras del lote donde construyó su casa con bloques en el 2013. Con base en mingas logró hacer senderos de ingreso.

La mujer de 39 años asegura que no va a salir y defenderá los territorios que afirma le pertenecen, “como herencia de sus ancestros”. Ella dice que tienen el respaldo de la Conaie y del Gobierno para estar ahí.

Daly Montoya, representante de la Agrícola Thehouse, indica que el problema también tiene tintes políticos. Vamos a tomarnos la Plaza Grande y nos crucificaremos hasta que se desaloje la exhacienda”.

En contexto

En el 2007 se estableció que la firma Dierikon S.A. era la última propietaria de la hacienda Zulay, por lo que asumiría el pago de un crédito de USD 1,5 millones que no cumplió Filanbanco. La propiedad quedó abandonada y fue aprovechada por los invasores.

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