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Que hablen los ciudadanos

Es evidente que hay una estrategia de confundir a la sociedad ecuatoriana y distraerla de los reales objetivos de los proyectos de ley de Comunicación que están en manos de la Asamblea Nacional.

Quienes auspician, promueven, respaldan y aplauden entusiasmados la inminencia de la aprobación de dicha Ley intentan enviar a los ciudadanos el mensaje de que la normativa defenderá los derechos de la sociedad a informarse, vigilará los contenidos en función del bien común y protegerá el trabajo de quienes laboran en las empresas mediáticas.

Pero más allá de la retórica y de los buenos deseos que pudieran tener quienes estructuraron aquellos proyectos, existen elementos que los proponentes olvidaron o no consideraron, tanto en la formulación de los documentos como en el debate público.

Mucho se habla, en especial de parte de los voceros gubernamentales, de “socialización” de los temas que interesan al país, pero la realidad es distinta: tanto en el caso de la Ley de Comunicación como de otros proyectos, el oficialismo ha excluido de los debates a la gente común y a los sectores más diversos de la población. No se ha deliberado, por ejemplo, sobre ciertos temas mediáticos de carácter represivo, controlador o censor que atentarían directamente contra la libertad de los ecuatorianos.

Un Gobierno que se autocalifica de revolucionario, popular, incluyente y ciudadano debe mostrar, en cada una de sus acciones, su voluntad de hacer realidad esos adjetivos con gestos de respeto y apertura democrática.

Es insólito que quienes tienen el mandato de concretar los postulados de una Constitución masivamente respaldada no sean capaces de escuchar a quienes pueden aportar ideas desde otras perspectivas.

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