2 de August de 2009 00:00

Los habitantes padecen por las demoras

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Odorisio S.A. es una empresa multifacética. Esta compañía, que construye  la vía La Concordia-Puerto Nuevo, a un costo     de  USD 7 millones, tiene 29 objetos sociales. Es decir, que está facultada para realizar 29 actividades en diferentes campos como  elaborar juguetes, distribuir gas, vender prendas de vestir, comercializar plásticos,   construir vías, aeropuertos...

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le adjudicó la terminación y el mantenimiento de esa carretera de 31 km, el 31 de marzo del año pasado. A pesar de que ya transcurrieron  16  meses desde la entrega del anticipo, esta lleva un avance del 56%, según el informe de fiscalización del MTOP.

Sin embargo, el superintendente de esa obra, Marco Flores, dice que el avance real es del 42%. El plazo para terminar la obra es de 24 meses. Por eso, la constructora pidió la ampliación de plazo al MTOP con la justificación de que en los estudios se subestimaron los rubros para extraer el material pétreo. Una de las minas que contemplaban los estudios estaba  agotada y otra estaba  ubicada al doble de la distancia estipulada en el análisis.

Según Flores, la vía, que está abierta hasta el kilómetro 24, tiene una subbase de 20 cm, una base de 20 cm y se colocaría hasta este mes una carpeta asfáltica de 7,5 cm. Pero para Wilson Pacheco, habitante de Monterrey, una población ubicada a 200 metros  de la carretera, Odorisio no ha realizado ninguna operación en ese tramo de la vía a Pedernales, hasta donde acudió una reportera de este Diario.

Pacheco dice que la vía está  destruida desde el Gobierno anterior y que con la llegada de Odorisio la situación no cambió.  Ana Paladines, maestra de la Escuela Manuela Cañizares, cuenta que lo único que se ha visto es la colocación de montículos   de tierra a lo largo de la vía.  Ella, junto con los alumnos de su clase, camina todos los días por el empedrado de la vía que ha permanecido así por años y que para ellos se encuentra en el olvido.

 Monterrey es uno más de los modestos caseríos de la zona que no tiene agua potable. Su paupérrima situación está condicionada por la precariedad de la vía desde hace décadas. José, uno de sus lugareños, cuenta que debido al pésimo estado de la carretera, ningún vehículo de transporte público circula.Eso obliga a la población a caminar varios kilómetros todos los días.    

 Odorisio se constituyó con un capital de USD 3 000; así lo detalla la Resolución nro. 3854 de la Superintendencia de Compañías. Según el consultor y jurista Leonardo Sempértegui,  el monto requerido para constituir una sociedad anónima es de USD 800. Esa cantidad, comparada con la de otras constructoras, como Hidalgo & Hidalgo (USD 22 400 000),  no es ilegal pero sí contraria a un sentido ético de contratación, destaca.

“¿Cómo le adjudican una obra vial a una compañía con USD 3 000 de capital? Tiene esa empresa la solvencia financiera y los activos para  responder a un contrato de USD 7 millones?”, se pregunta el especialista en temas de contratación pública.

Armando Arregui, representante legal de Odorisio, asegura que la empresa tiene 15 años de experiencia en construcción de carreteras y que si el MTOP los contrató es por su trayectoria.

Otro caso que  llama la atención es la rehabilitación de la carretera vial del Pacífico, tramo Santa Elena-Bahía de Caráquez.  La obra fue adjudicada  a la constructora Verdú, por USD 67 millones, a un plazo de 24 meses.

El MTOP le entregó el anticipo el 16 de septiembre de 2008 y actualmente debería tener una avance de, al menos, el 50%.

Pero, según el informe   de fiscalización , solo ejecutó  el 22%.

Pero ese no es el único problema. El 16 de febrero de este año, el Ministerio del Ambiente, en el oficio 1455-09, indicó que tras una constatación física de las actividades extractivas de material pétreo que realizaba la compañía determinó varios impactos producidos al ecosistema.

Entre una serie de acusaciones, la entidad detalló que la constructora no contaba con un estudio de impacto ambiental ni licencia para   extracciones. Además, los técnicos verificaron que hubo una disposición inadecuada de material pétreo que destruyó los recursos florísticos y faunísticos de la zona.

José Verdú, representante de la constructora, en el oficio nro. GA-Q-120-2009, respondió que “el presidente de la República, Rafael Correa, priorizó ese proyecto por su impacto social y económico. El Estado a través del MTOP y bajo decreto de emergencia asignó dos fuentes de extracción (...), el MTOP posee las autorizaciones de libre aprovechamiento de materiales”.Añadió que suspendería inmediatamente las actividades de extracción y pidió que se reconsidere la multa   de  100 salarios básicos.

No obstante,  Ambiente en el documento  nro. 0070-2009, del 4 de mayo pasado, denunció que hasta esa fecha no se cumplió con las disposiciones y que iniciarían las acciones legales.

Con el paso de los días, la empresa no solo que desacató esas disposiciones sino que siguió causando daños al ambiente.

 Dos meses después, la firma envió volquetas a la playa de Las Tunas, en Puerto López, que es parte del parque  Machalilla.

A lo largo de un kilómetro, los obreros extrajeron decenas de kilos de arena de mar. Cerca al lugar  existía un remanente de manglar, por lo cual   se estaba causando una afectación al paisaje, según un informe de Ambiente (oficio nro.  0292-2009, notificado a Verdú). 

También se le impuso a la  empresa otra  sanción de 100 salarios,  y se le dio 15 días para presentar un plan de remediación. El constructor  Fabricio Yépez dice que la arena de mar  contiene  sustancias que corroen el hierro y el acero. “Su empleo afecta la   durabilidad que tendría la infraestructura construida. En lugar de que la vía dure de ocho años en adelante, empezaría a destruirse en  tres ”.

Problemas con la fiscalización convenios

Otra de las irregularidades halladas es la suscripción de convenios de fiscalización de obras contratados varios meses después de iniciados los trabajos.

Uno de estos casos es el firmado con la empresa Compucable SA, contratada para fiscalizar la rehabilitación y el mantenimiento de la carretera La Puntilla-La Aurora-Vicente Rocafuerte (Guayas).

La obra fue adjudicada a la constructora Verdú, por  USD 10 128 740, el 17 de julio de 2008. Pero el contrato de fiscalización se realizó el 24 de septiembre,  pese a que  la Ley de Contratación Pública dice que la fiscalización debe cubrir la cabal observancia prevista en el convenio.

Además, la suscripción del contrato de fiscalización es necesaria para emitir bimensualmente, desde el inicio, las planillas de avance de obra y  ejecución en los trabajos asignados.  Adicionalmente, a pesar de las disposiciones legales de la Ley de Consultoría en que la prestación de servicios debe ser especializada, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pide los servicios de esta compañía que tiene como objeto  social el mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas.

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