31 de mayo de 2018 00:00

15 días para conocer futuro del Consejo de la Judicatura

Gustavo Jalkh (de pie) expuso sus argumentos en el Palacio Legislativo, ayer 30 de mayo del 2018. Foto:  Patricio Terán / EL COMERCIO

Gustavo Jalkh (de pie) expuso sus argumentos en el Palacio Legislativo, ayer 30 de mayo del 2018. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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La Comisión de Fiscalización se tomará 10 días para valorar las pruebas de cargo y de descargo, en el juicio político contra los vocales (cinco titulares y cuatro suplentes) del Consejo de la Judicatura (CJ).

Luego de ese plazo emitirá un informe en el que se recomiende que el proceso se archive o pase al Pleno, en un máximo de cinco días. Es decir, que en 15 días se conocerá si los funcionarios serán destituidos y censurados.

Ayer 30 de mayo del 2018, los acusados acudieron a la Mesa legislativa para responder a las pruebas presentadas por los proponentes: Esteban Bernal (Creo) y Raúl Tello, de la bancada de minorías.

Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, hizo la intervención más extensa. En cerca de tres horas intentó desestimar las acusaciones en su contra.

Empezó por el informe de Contraloría, que según los proponentes detalla irregularidades en los concursos de selección de fiscales. El funcionario dijo que ese documento señala a los directores de talento humano del CJ y de la Fiscalía, por un error en el manejo del banco de elegibles del proceso.

Más allá del contenido, Jalkh insistió en un supuesto uso de documento falso. En el expediente del juicio -relató- reposa una síntesis de la Contraloría, en la que se asegura que se eligió como fiscales a personas con bajos puntajes.

El CJ pidió a la Contraloría una copia de esa síntesis pero esa entidad le respondió que no era posible la entrega por tratarse de un documento reservado. Y certificó que el resumen que estaba en el expediente no era una copia fiel de la que estaba en su archivo.

Por esta razón, las autoridades judiciales pidieron a la Fiscalía que investigue la supuesta forjación de este documento por parte de los proponentes del juicio político.

El segundo punto fue el error inexcusable. Esa figura, según las acusaciones, se utilizó para destituir y presionar a jueces para que fallen de manera favorable para el Estado.

Jalkh lo negó. Dijo que se está entendiendo mal la figura. Hizo un análisis teórico e indicó que esa medida es común en legislaciones de varios países.

Además, resumió uno a uno los 24 casos que constan en las pruebas de cargo. E indicó que solo 11 de ellos son de error inexcusable.

Añadió que en lo que va de este año tan solo el 0,1% de los jueces fue sancionado con esta figura. Además, aseguró que los propios abogados respaldan la aplicación, ya que más de 750 000 han presentado
denuncias de este tipo.

Otras de las pruebas apuntan a la falta de independencia judicial. Primero, un correo electrónico en el que supuestamente desde el Gobierno anterior se pronunciaba sobre casos en proceso judicial.

La Judicatura respondió que más allá del contenido del correo, este no puede ser utilizado como prueba en ningún proceso penal, político o administrativo. Y puso como ejemplo las consideraciones de la propia Comisión de Fiscalización, en el juicio político al exfiscal General, Carlos Baca.

Jalkh recordó que en ese proceso se señaló al exfuncionario por hacer público un audio (entre Carlos Pólit y José Serrano) antes de judicializarlo y someterlo a una custodia.

Y sobre los pedidos de Alexis Mera, en su época como secretario general de la Presidencia de Rafael Correa, para sancionar a jueces, indicó que eso no se puede considerar injerencia, ya que todos los ciudadanos están habilitados para interponer estos recursos.

Informó que Mera, como funcionario del Gobierno anterior, hizo cuatro denuncias. Y ninguna terminó en la destitución de un juez. En dos se ratificó la inocencia de los magistrados y en las otras dos, en cambio, se los suspendió.

Jalkh fue con barra propia. Algunos funcionarios judiciales estuvieron presentes en la cita y lo aplaudieron a su ingreso. Pero no lo volvieron a hacer por un pedido de la presidenta de la Comisión, María José Carrión. En los exteriores, otras personas también gritaron a favor de él y de su gestión.

Los otros vocales titulares también intervinieron. Sus alocuciones fueron más cortas y expusieron los mismos argumentos de Jalkh. Néstor Arbito, por su parte, criticó “las imprecisiones” del expediente.

Antes, los vocales suplentes América Dávalos y Carlos Delgado solicitaron a los comisionados que los excluyan del juicio político, porque no han sido principalizados en el Consejo y han participado solo en “sesiones esporádicas”. Los otros dos suplentes: Marco Maldonado y Glenda Calva enviaron pruebas por escrito.

Hoy los cinco titulares acudirán al Consejo de Participación Transitorio. En esa entidad deberán demostrar que cumplieron sus funciones, ya que también pueden ser destituidos por su evaluación, de la cual ya hay un informe reservado. Ayer 30 de mayo del 2018, Jalkh dijo que la evaluación es subjetiva y que es “un secreto a voces que la decisión ya está tomada”.

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