28 de junio de 2018 01:12

Moreno y Salazar declinaron los encargos de fiscales

Marcelo Merlo (izq.) presidió ayer la reunión del Consejo de la Judicatura, en Quito. Foto: Cortesía Consejo de la Judicatura

Marcelo Merlo (izq.) presidió ayer la reunión del Consejo de la Judicatura, en Quito. Foto: Cortesía Consejo de la Judicatura

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Mario González
politica@elcomercio.com

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El análisis se hizo por dos vías. El Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio estudió el pasado mièrcoles 27 de junio de 2018 el nombramiento de los 23 fiscales provinciales encargados.

La designación de cinco funcionarios generó dudas y críticas de distintos sectores políticos y sociales. Por esta razón, el CJ solicitó a la Dirección de Transparencia información sobre la gestión de los observados y no se encontró ninguna falta en sus expedientes.

La segunda forma de revisar esas designaciones fue a través de impugnaciones ciudadanas. Ayer, el Pleno de la Judicatura se reunió para conocer y analizar los reclamos presentados y tomar una determinación. Ese fue el último punto en el orden de la cita. Pero, ayer en la noche se suspendió antes de que se tome una resolución. Hoy continua el análisis.

Previamente se conoció que dos de los cinco fiscales criticados habían puesto su cargo a disposición. El primero es Fabián Salazar, quien había recibido el encargo en la Fiscalía de Sucumbíos. Él declinó el nombramiento porque “considera que es un funcionario técnico y no político”. Se venía desempeñando como fiscal de Pichincha luego de la suspensión que recibió Thania Moreno. Salazar había sido criticado por su cercanía con el Régimen anterior y por casos como el paso de la
administración de la cesantía del Magisterio al Biess.

El segundo caso es el de Guillermo Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, en Napo. Él dijo públicamente que ha puesto su encargo a disposición de la Judicatura para que decida qué hacer. Esa declaración se dio un día después de que el Primer Mandatario le pidiera que dé un paso al costado por los reclamos por incurrir en un supuesto nepotismo.

René Astudillo, encargado en el Guayas, fue acusado por una exfuncionaria del Ministerio de Justicia de haber recibido USD 20 000 para liberar a uno de los presuntos implicados en el caso Gabela, que él indagó entre el 2010 y el 2011.

Ayer, el fiscal se sentó en el estrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y desplegó sobre la mesa las copias de sus cuentas bancarias. “Estas son mis libretas de ahorro desde el 2007 hasta la actualidad. Pongo a disposición mis movimientos bancarios, mis transacciones como docente de esta universidad, de otra universidad particular, de la Fiscalía”, dijo, y descartó declinar al nombramiento.

Gustavo Benítez (Loja) fue observado por su papel en las investigaciones en el caso 30S. Ayer, aseguró que en 17 años de servicio público nunca ha recibido una sola queja y que asumirá la designación temporal.

Angélica Porras, vocal de la Judicatura, dijo en una entrevista radial -antes de la sesión- que con base en las excusas presentadas y en las impugnaciones recibidas tenían previsto designar a nuevos fiscales encargados para las provincias que queden en la acefalía.

Explicó que ante los múltiples cuestionamientos, se tomó también la decisión de reconsiderar algunos nombramientos. Por lo que en la cita se podía cambiar a más fiscales, en relación con los que se excusaron o fueron impugnados.

La Judicatura eligió a los funcionarios encargados de un banco de elegibles de la propia entidad. Estos son los fiscales categoría 3, mejor puntuados. Y estarán en funciones hasta que se desarrolle el concurso para nombrar a los titulares.

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