Xavier Sandoval, presidente de la Comisión de Límites de la Prefectura del Guayas, hizo una explicación de los términos de la impugnación al mapa que presentó el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) para la consulta en La Manga del Cura. Foto: Cortesía/ Prefectura del Guayas.
“A Guayas no se le ha negado nada”. Así, el presidente de la Comisión de Límites de la Prefectura del Guayas, Xavier Sandoval, aclaró los alcances de un oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, relacionado con la consulta popular en el sector conocido como La Manga del Cura.
En rueda de prensa, la tarde de este lunes 24 de agosto del 2015 en Guayaquil, Sandoval ratificó los argumentos con los que impugnó el mapa que presentó el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) para la consulta del próximo 27 de septiembre. Allí se decidirá, entre Guayas y Manabí, a qué jurisdicción se anexará dicha zona en disputa hace cinco décadas.
En una carta remitida por Mera al prefecto Jimmy Jairala, el 13 de agosto, el secretario jurídico no señala una negativa a la impugnación planteada por el Gobierno Provincial del Guayas, el 7 de agosto. Pero el jurisconsulto hace un repaso del procedimiento que establecen la Constitución y la Ley de Fijación de Límites para la resolución de controversias limítrofes. “E incluso, menciona que la normativa seguida no contiene ninguna violación legal”.
La carta enviada por Mera ha sido tomada por la Prefectura de Manabí como una negativa a Guayas. Si bien Sandoval aclara que en el escrito del jurista no se indica que lo haga por delegación o instrucción del Presidente de la República, precisa que su misiva no le niega nada a Guayas.
“Recibimos un oficio de contestación de Alexis Mera en el que manifiesta que en ninguna parte de la Ley de Límites Internos, ni en el reglamento, se establece que el Conali debería remitir dicha información a las partes en conflicto y menos aún ponerlas a consideración de estas. También señala que, por tanto, no habría ninguna inobservancia a la Ley en la emisión del decreto ejecutivo”, dijo Sandoval.
Por ello, cuestionó la postura del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, de “tratar de utilizar el oficio… de Mera, para decir que a Guayas se le ha negado lo que pedía. Nosotros hemos pedido que se cumpla con la Constitución y la Ley. No se nos ha negado nada pero sí queremos señalar que no se puede mentir”.
Sandoval se ratificó en los argumentos que esgrime Guayas para sustentar la impugnación de la que aún se espera contestación por parte del Conali.
Así, reiteró que la Secretaría Técnica del Conali no cumplió con lo que dispone el Art. 27 de la Ley de Límites, que señala que se debe establecer e identificar el área territorial en conflicto (487,78 km2 en la Manga del Cura).
De hecho, acotó, el reglamento dictado por el Presidente, en su Art. 22, señala que los gobiernos autónomos descentralizados y el Conali emitirán el informe de consulta popular estableciendo con precisión el área determinada.
Además, defiende que para la emisión del mapa se debió consultar a la población involucrada, según lo que determina la Ley de Límites, basándose en aspectos como la participación ciudadana, la fundamentación y la delimitación territorial. “De acuerdo con los elementos jurídicos existentes, el conflicto de la Manga del Cura está definido en los límites que eran antiguamente el cantón Balzar que pasaron a ser luego del cantón El Empalme”.
Producto de ello, “el Conali no ha actuado como la ley dice, para elaborar el mapa” y anota que ha incluido un territorio de 57.35 km2 donde se asientan 16 comunidades de El Carmen (Manabí) y una población de Santo Domingo de los Tsáchilas, que han sido incluidos en un conflicto al que no pertenecen y con el riesgo de que si Guayas gana la consulta pasarían a ser parte del territorio guayasense. “No queremos, ganando esta consulta, anexar territorios y poblaciones que, irresponsablemente, están siendo expuestos a una consulta de la que ellos no son parte”.
Sandoval aclaró que en el camino de la impugnación se agotará las gestiones administrativas; y, por ello, el prefecto Jairala envió el pasado 18 de agosto un nuevo oficio a la presidenta del Conali, Viviana Bonilla, y al secretario técnico, Raúl Muñoz, pidiéndoles que absuelvan una consulta con el carácter de vinculante.
Y recordó la decisión de Jairala de continuar en el proceso, acatando la decisión del presidente Correa de convocar a consulta popular. Pero recordó que el sistema legal permite la presentación de una acción de protección constitucional. “Eso es una decisión del prefecto Jimmy Jairala… Lo que exigimos es que se respete la seguridad jurídica que garantiza la Constitución”.