El presidente del Colegio de Abogados, Jimmy Salazar, dijo que su intervención de la mañana de este lunes 3 de febrero del 2020 también era en nombre de su esposa Pamela Martínez. Foto: EL COMERCIO
Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, afirmó que apelará la resolución que anuló los títulos de Especialistas en Contratación Pública y Control Gubernamental que la Universidad de Guayaquil le otorgó a él y su esposa, Pamela Martínez, en el 2016.
El abogado convocó a una rueda de prensa la mañana de este lunes 3 de febrero del 2020. Ahí rechazó la decisión que tomó la Comisión Interventora, que cumple las funciones de Consejo Universitario, el 24 de enero pasado.
Refirió que se trata de “una persecución política” en su contra y de su esposa, exasesora de Rafael Correa y que está procesada en el caso Sobornos 2012-2016.
Según Salazar, Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora de la U., primero debió investigar el caso y luego sancionar. “Él no tiene facultades, no tiene competencias para anular un título, lo establece la misma Constitución en su artículo 76, numeral 7, letra K (…) no puede ser juez y parte, debe ser un juez imparcial”.
El presidente del Colegio de Abogados dijo que su intervención también era en nombre de su esposa.
Jimmy Salazar mencionó que Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora de la Universidad no tiene las facultades para anular su título. Foto: EL COMERCIO
El pasado 30 de enero, Passailaigue informó que la especialidad nunca fue ofertada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad y que fue un exsecretario general quien denunció la irregularidad. “Le habían pedido que haga estos títulos sin cumplir los requisitos legales, él se negó, lo sacaron, pero después aparece que fueron otorgados los títulos”, dijo.
No obstante, Salazar refirió que la especialidad fue ofertada por el vicerrectorado y que sí existieron los documentos que avalan la cursada de más de 120 personas, además de él y su esposa.
“Nosotros hemos ido, hemos cumplido cada uno de los requisitos, hemos asistido a clases permanentemente”.
Passailaigue había dicho que no existen documentos de sustento legal de estudios. Únicamente, dijo, existen archivos que justifican la asistencia a 15 módulos.
“De los quince módulos, la señora Martínez no asiste a nueve. Salazar aparece que no asiste a seis módulos. Solo con el tema de la asistencia no habría aprobado el módulo”.
Sobre una eventual complicidad de otros funcionarios, dijo que se ha dispuesto que se oficie a la Fiscalía para que investigue el procedimiento irregular para que se sancionen los delitos.
