Vio y sintió la angustia de una de sus colegas desde una silla de ruedas. Delfina Jimbo es enfermera y en marzo del 2020 contrajo covid-19. No podía mantenerse en pie ni hablar; cada palabra la ahogaba.
Así ingresó al Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, donde observó cómo una de sus compañeras enfrentó una avalancha de pacientes para cubrir aquella sala de emergencias.
“Casi no había personal y corría de un lado a otro. Ella pedía intubar a algunos, ayudaba a los que entraban en paro respiratorio, limpiaba la cama que quedaba libre si alguien fallecía y embalaba el cuerpo para enviarlo a la morgue”.
Esa experiencia la impulsa a luchar por la estabilidad laboral de su gremio. Jimbo es vicepresidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Guayas, y fuera de sus horas de guardia acude a plantones, visitas a organismos de defensa de derechos y reuniones con autoridades de Salud.
El pedido es nombramientos y respeto a la Ley Humanitaria. Así lo han plasmado en carteles en las últimas semanas.
En Manabí, el gremio interpuso recursos judiciales como medidas de protección. En Quito han protestado en los exteriores de hospitales como el Pablo Arturo Suárez.
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario fue publicada en junio del2020, poco después de la declaratoria de emergencia sanitaria. El art. 25 determina que los trabajadores de la salud que laboraron en la pandemia con contrato ocasional o nombramiento provisional serán declarados ganadores de concursos de méritos.
Ayer se recordó el Día Internacional de la Enfermera; en Guayaquil, la consigna fue exigir que se ejecute la Ley. Trabajadores de hospitales del Ministerio de Salud y del IESS llegaron con sus trajes blancos a la plaza San Francisco.
Angie Meza se sumó. Ingresó el 1 de abril del 2020 a la sala 3 de Infectología en el Guasmo Sur, el primer hospital centinela covid del país. Lo que vivió allí fue devastador. “Cumplimos más allá de nuestras obligaciones, cuidando a más de 30 pacientes, nos enfermamos y ahora nos piden esperar”.
Para demostrar que el ofrecimiento del Gobierno se ha estancado dan cifras. En el Guasmo Sur, 25 enfermeros han sido notificados, de entre 280. Los contratos ocasionales concluyen entre mayo y junio, y dudan que sean renovados.
El Ministerio de Salud informó en diciembre que 5 429 profesionales sanitarios recibieron nombramientos definitivos en el país. Para enero se proyectó entregar 14 996 más, pero solo suman casi 8 000.
Por reuniones con directivos del MSP, Jimbo conoce que la creación de 2 390 partidas está en trámite. “Un poco más de 6% es para enfermeros. Hay discriminación porque se ha dado prioridad a los médicos”.
El ministro de Salud, Camilo Salinas, confirma que de ese grupo 194 son enfermeros en concurso (8%). Aclara que en la primera fase hubo 1 328 beneficiarios y preparan otra, que cubrirá a 3 761 más.
No hay fechas para que se concrete. A esa incertidumbre se suma la advertencia del próximo régimen de eliminar ese beneficio de la ley.
Cecilia -enfermera con nombre protegido- siente que son como soldados. Dice que son quienes están al frente de la batalla, en contacto con la muerte. Así ha sido para ella este año de pandemia, desde una sala de diagnóstico en un hospital del IESS en Guayaquil, donde vio morir gente en el pasillo a la espera de la confirmación de covid-19. En los días más críticos atendió casi a 1 000 pacientes.
No se atreve a dar su nombre por temor. Han pasado cinco años entre contratos temporales, reclamos por la falta de prendas de protección y medicinas, más el incumplimiento de la Ley Humanitaria.
Ella es parte de los 284 enfermeros del lugar y afirma que solo 10 recibieron nombramientos. “Arriesgamos la vida acá, pedimos estabilidad”.
La lucha también es por quienes ya no están. Gina Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Guayas, dice que 103 colegas han fallecido en el país.
Cecilia recuerda a una compañera, que estaba embarazada pero fue llamada a laborar y contrajo el virus. “Murió y ya nadie recuerda su sacrificio”.