La Cámara de Comercio de Guayaquil pide que se incluyan reformas en el proyecto tributario

La Cámara de Comercio de Guayaquil considera que los incentivos tributarios dentro del proyecto de ley de Incentivos Productivos deben ser para todo tipo de empresas y no para sectores determinados por el Estado.

El pasado 28 de noviembre el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el documento, que contiene 46 artículos y una disposición transitoria. Además, reforma 11 cuerpos legales existentes.

La norma incluye, al menos, siete incentivos de carácter tributario, vinculados a deducción de impuestos por depreciación de activos productivos, diez años de exoneración de Impuesto a la Renta a las industrias básicas, etc.

Según la Cámara, los incentivos se deben traducir en reglas amigables para todos los inversionistas y empresarios. "Los incentivos a la inversión mediante exenciones de impuestos y, especialmente, la garantía de estabilidad en normas tributarias a inversionistas, constituyen ideas positivas. Sin embargo, limitarlas a sectores determinados por el Estado y requerir montos de inversión para aplicarlas, restringen el efecto real que éstas pudieran tener".

El gremio pone como ejemplo a los incentivos tributarios que se extendió a los empresarios de Perú desde finales del siglo pasado.

Entre estos se encuentran los Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) con inversionistas. El propósito de estos es otorgar seguridad jurídica.

Sin embargo, la implementación de los CEJ es distinta a lo propuesto en la reforma presentada por el presidente Rafael Correa, sobre estabilidad tributaria - al proponer cambios al Código de la Producción -, en ciertos puntos clave. Los CEJ peruanos garantizan, además de estabilidad en el régimen tributario, en el régimen laboral y en el de promoción de exportaciones, mientras estén vigentes.

Además, los CEJ no requieren barreras de entrada, como los USD 100 millones de inversión, precisamente incluidos en el proyecto, para poder establecerse.Tampoco se aplican únicamente en sectores relacionados con la extracción de materia prima.

De ahí que la Cámara recomienda que el Legislativo amplíe la implementación de los incentivos propuestos para que sean similares a los existentes en Perú.

Lo que sí destaca el gremio es que "hay buenas ideas como la simplificación y eliminación de impuestos".

También consideran positiva la eliminación de la tasa de 2% pagada por exportadores del sector cafetalero al Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), el establecimiento de un impuesto a la renta único de 2% para actividades del sector bananero y la ampliación de plazos máximos para convenios de pago de obligaciones tributarias.

Esto debido a que alivian la carga fiscal y permiten que las empresas dispongan mejor sus recursos.

Sin embargo, hacen una fuerte crítica al proyecto, a escala general, porque se enfoca en una mayor recaudación que en incentivos.

El proyecto establece más controles, regula las personas que pagan impuestos, incluye impuestos a los cigarrillos, establece cobro de Impuesto a la Renta a fideicomisos mercantiles, establece restricción de la devolución del IVA a ancianos, aumenta del 22% al 25% el Impuesto a la Renta de ciertas sociedades y fija la no deducibilidad para publicidad de los productos de consumo nocivo para la salud.

Por otro lado, los incentivos propuestos se dirigen principalmente hacia sectores prioritarios del Estado e industrias básicas (como la minería, hidrocarburos, siderúrgica, astilleros, entre otros).

"El sector del comercio en general y aquellas actividades que no están relacionados con el cambio de matriz productiva solo tendrían como beneficio la inclusión de las micro y pequeñas empresas para deducir ciertos gastos del Impuesto a la Renta, y la ampliación de plazos para el pago de obligaciones tributarias".

De ahí que consideran que los incentivos a la producción planteados en la reforma resultan insuficientes para estimular un crecimiento sostenible y en especial de los emprendedores y empresarios del comercio.

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