4 de abril de 2021 00:00

El duelo no se cierra después de un año del covid-19

El 23 de marzo del 2021, afuera de la Fiscalía, la Asociación de Familiares y Amigos por los Desaparecidos realizó un plantón; asistieron también parientes de fallecidos en el IESS. Foto: Cortesía del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Huma

El 23 de marzo del 2021, afuera de la Fiscalía, la Asociación de Familiares y Amigos por los Desaparecidos realizó un plantón; asistieron también parientes de fallecidos en el IESS. Foto: Cortesía del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Elena Paucar

No hay una lápida con su nombre. De Próspero Guevara Jaramillo quedó un certificado de defunción que resume su larga agonía por el covid-19. Ese papel es el arma de lucha de su familia, un año después de su partida.

Entender cómo adquirió el virus no resulta difícil para Jenny Villegas. A mediados de marzo del 2020, su esposo visitó a un amigo que llegó de Estados Unidos y poco después empezaron los síntomas.

El 29 de ese mes murió en el Hospital Los Ceibos del IESS, en Guayaquil. En casa sabían que con un 28% de saturación de oxígeno había pocas probabilidades, pero no comprenden cómo se perdió su cuerpo.

“Cuando un ser querido muere se pasa un duelo; nosotros no podemos cerrar el duelo porque no sabemos dónde está”, dice su esposa. “Hay muchas hipótesis: que hubo fosa común, que los cremaron...”.

Al menos 103 familias aún no hallan los restos de sus parientes, sus cuerpos se extraviaron en medio de la caótica emergencia que vivió Guayaquil, de marzo a abril del 2020, cuando el covid segó cientos de vidas, directa e indirectamente.

Adalberto Alay Alay también falleció el 29 de marzo en Los Ceibos, no por covid. Su hija Katherine recuerda que el encierro más las espeluznantes noticias de muertes alteraron su presión arterial y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Una semana después nos llamaron a retirar su cuerpo y nos estaban dando el de una mujer. Él es una de las 11 personas que fallecieron en Los Ceibos el mismo día, y que aún no encontramos”, recuerda.

Por un año han escrito sus nombres en sencillas pancartas como reclamo. El pasado 23 de marzo, las familias de Próspero y Adalberto alzaron nuevamente esos carteles en un plantón organizado por la Asociación de Familiares y Amigos por los Desaparecidos, frente a la Fiscalía.

Luego de recorrer morgues, hospitales y cementerios, han peregrinado por juzgados y fiscalías, sin respuesta. Una acción de protección impulsada por la Defensoría del Pueblo es su respaldo hasta ahora, pero lo dispuesto -como la terapia psicológica y las disculpas públicas- se cumplió a medias.

La investigación fiscal, en cambio, fue enviada a Quito pese a que el extravío ocurrió en Guayaquil. Sucedió en hospitales locales, donde se rompió la seguridad de los contenedores que conservaban los cuerpos, y en los trasladados desde los domicilios a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH. receptó 368 alertas de desapariciones en el pico de la pandemia. Vivian Cartagena es investigadora del área de incidencia del comité y confirma que 103 familias siguen en la búsqueda.

Saca esa conclusión porque hay 62 cuerpos en Medicina Legal que nadie reclama y 41 familias que no encuentran a los suyos, aunque han pasado por reconocimientos de huellas dactilares y pruebas ADN.

“La hipótesis es que si la información de estos 62 cuerpos no coincide con la de las personas que están reclamando, hay 62 familias que están tranquilas en sus casas y creen que sus familiares están sepultados”.

Pero podrían estar con otro nombre. La exhumación es la única forma de verificarlo. Pero Cartagena reconoce que solicitar un proceso masivo de este tipo es complicado.

Algunas familias lograron la exhumación en septiembre, con una orden judicial. Víctor Hugo Orellana hizo este pedido, aunque ahora no está seguro de aceptarlo. Su madre, Célida Piedad Solórzano, falleció el 31 de marzo del 2020 en su casa, aferrada a un tanque de oxígeno, tras un viacrucis por hospitales colapsados.

Tenía 72 años. A su hijo aún le cuesta recordar cuando la envolvieron en plásticos sobre la cama y más doloroso, repetir la frase del policía que hizo el levantamiento: “¿Usted sabe que esta es la última vez que va a ver el cuerpo de su madre?”.

El miércoles visitó el Campo Eterno con flores. Ese es el espacio donde reposan quienes fueron trasladados por la Fuerza de Tarea, identificados por pequeñas lápidas separadas por apenas 20 centímetros.

Orellana supo que su madre estaba allí 50 días después de su muerte, cuando su nombre apareció en el portal web que habilitó el Gobierno. Cree que el eco que tuvo su historia en medios locales e internacionales motivó a que haya sido de las primeras identificadas.

“Nunca tuvimos una prueba física ni una foto que nos diga que era ella. En teoría, nuestra madre está sepultada y queremos creer que ella está ahí”. La exhumación, si es aceptada, serviría para cumplir la promesa de llevar a Célida a su natal Manabí, junto a sus padres.

La acción de protección ordenó como reparación que el IESS y el Ministerio de Salud capacitaran a servidores en el protocolo y manipulación de cadáveres en la pandemia.

Desde el Comité de DD.HH. están atentos a posibles alertas, en especial ahora con el repunte de contagios y decesos. Solo el 31 de marzo hubo 72 inhumaciones en Guayaquil, cifra alta pero muy distante de los mortales picos del 2020.

Los amigos de Próspero Guevara se reunieron esta semana. Vistieron camisetas con su foto, sonriente, para guardar su memoria mientras esperan que su cuerpo aparezca.

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