En Tungurahua se reunió la Asociación de Guardias Privados para pedir equidad en sus salarios. Foto: Modesto Moreta/EL COMERCIO
Los guardias de seguridad pidieron equidad en sus salarios y planean presentar un proyecto a la Asamblea. El objetivo es evitar que sean explotados por las compañías que les contratan. Para proteger sus derechos se integró la Asociación de Guardias Privados de Tungurahua. La agremiación busca que en otras provincias se organicen para conformar la Federación Nacional.
Los dirigentes denunciaron que hay personas que trabajan en esta actividad y reciben al mes USD 375, de ese valor se descuenta un rubro para el seguro social y otro por multas que no constan en el Código de Trabajo, pero son maquilladas como anticipos.
Franklin Arévalo, presidente de la organización, explicó que al momento los 150 guardias agrupados en la asociación recibieron capacitación en defensa personal y en varias áreas educativas. “Es personal calificado, responsable, con experiencia y cumplen con los requisitos que exige el Ministerio del Interior”.
Afirmó que no están en contra de las empresas y compañías de seguridad, sino que buscan que se apruebe una Ley de equidad para que beneficie a más de 120 000 guardias que laboran en todo el país. “Son explotados con salarios bajos y de multas que se les impone, luego aparecen en el rol como anticipos. También hay competencia desleal entre compañías que reducen los costos para ganar el concurso y quienes pagan las consecuencias son los guardias con remuneraciones bajas”.
Arevalo aseguró que seguirán trabajando por esta agremiación en todo el país para que se cancele a tiempo los sueldos, puesto que hay compañías que entregan el servicio a instituciones públicas pero estas no cancelan y el guardia no cobra dos y tres meses.
Además, denunció que pese a que la Constitución prohíbe la tercerización, eso no se cumple, aún se sigue contratando de esa forma. “Vamos a presionar para que esto se cumpla”.
Rubén Salvador, dirigente de la Asociación, dijo que los guardias de seguridad en el país son “la última rueda del coche”, pero para mantener el trabajo deben sometidos a la explotación laboral, puesto que últimamente hubo despidos.