Guardias estadounidenses trasladan a un detenido en el interior del campo VI en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Foto: Paúl J. Richards / Archivo / AFP
Los seis exdetenidos de Guantánamo que llegaron el domingo a Uruguay se sienten felices por haber dejado la cárcel donde estuvieron recluidos más de 12 años. Quieren aprender español y se aprestan a comenzar una vida de hombres libres.
“Había una gran diferencia entre su voz hace un mes y ayer”, contó a la AFP Alka Pradhan, una de las abogadas del sirio Jihad Diyab, uno de los seis excarcelados que apenas llegaron a Uruguay fueron ingresados al Hospital Militar para hacerles controles médicos.
Diyab, de 43 años, se había declarado en huelga de hambre y acudió a la justicia estadounidense para hacer valer su derecho a no ser alimentado a la fuerza. El ahora exrecluso “no está en un buen estado de salud” tras el tratamiento “extremadamente cruel que recibió durante casi 13 años” en el centro de detención estadounidense, indicó Pradhan.
Ella explicó ayer que “apenas puede caminar, es un discapacitado, utiliza una silla de ruedas la mayor parte del tiempo”.
Los otros liberados son el tunecino Abdul Bin Ourgy, de 49 años; el palestino Mohammed Tahanmatan (35); y los también sirios Ahmed Adnan Ahjam (37), Ali Hussain Shaabaan (32) y Omar Mahmoud Faraj (39).
Todos formaban parte del primer grupo de detenidos que ingresaron a Guantánamo en 2002, cuando Estados Unidos abrió la prisión en su base militar en la isla de Cuba, en el marco de su “guerra contra el terror” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El presidente de Uruguay, José Mujica, acaba de dar la ayuda más esperada por el gobierno estadounidense de Barack Obama. Una que renueva la expectativa de cumplir su improbable anhelo de abandonar la Casa Blanca con la cárcel de Guantánamo -esa “vergüenza”, como él mismo la calificó en su momento- cerrada.
Por mucho que le pese a Obama, el sueño no está hoy mucho más cerca que hace 48 horas. Aunque sea una cuota altísima para un país -y máxime, del peso y tamaño de Uruguay- los seis presos transferidos no implican, objetivamente, un recuento muy significativo en el pendiente de 136 que aún quedan en la cárcel de Guantánamo.
Pero, aún así, “agradecimiento” era el domingo la palabra más repetida en esta capital. El gobierno de Mujica es, hasta ahora, el único en la región que hizo lo que él calificó como “un gesto de coherencia”. En su interpretación, “dar una mano” en cumplir el reclamo internacional de cierre.
Obama prometió con las grandes y mejores palabras el cierre del penal de la vergüenza. “Nos aparta de nuestros valores. Cerrarlo implica recuperar la supremacía de la ley”, dijo, en aquellos días de enero de 2009, cuando iniciaba la gestión. Era el estreno de un gran orador que tropezaba con las dificultades del gobierno cotidiano. El documento con su firma que dispuso el cierre del penal figuró entre sus primeros gestos de gobierno, uno de los más publicitados.
El mayor incumplimiento
Los seis años que lleva sin poder llevarlo a cabo lo convirtieron, también, en la bandera de sus mayores incumplimientos. En medio, los opositores republicanos -bajo cuyo gobierno abrió las puertas- enfilaron críticas.
El exvicepresidente Dick Cheney vapuleó a Obama por pretender cerrarlo. “Su permanencia es necesaria”, argumentó en aquellos primeros días de fragor.
No pasó mucho tiempo antes de que la Casa Blanca comprendiera las dificultades de la empresa. Con Hillary Clinton primero, y con John Kerry, ahora, el Departamento de Estado hizo ingentes gestiones en aras de lograr que otros países acogieran a algunos de los detenidos.
Todo por la paradoja de que, pese a que fue Estados Unidos el que generó el penal en plena lucha contra el terrorismo internacional y fue su gobierno bajo George W. Bush el que dispuso cientos de detenciones sin proceso (779 presos han pasado por ahí), el país ahora se niega a recibir a esos internos. Quiere que otros países lo hagan.
En la región, el pedido ha cosechado negativas. Incluso aquellas administraciones con sintonía con la Casa Blanca se mostraron reacias. No aceptó México, tampoco Chile. Tampoco la Colombia de Juan Manuel Santos, que siempre agradece los 5 000 millones de dólares anuales que recibe de Estados Unidos.
Tan desesperada es la situación para la Casa Blanca que, semanas atrás, el titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, hizo públicas gestiones para intentar que algún país de la región abriera sus puertas a alguno de los internos. “No digo que se trate de una causa justa. Pero si los países de la región defienden los derechos humanos, se trata de garantizar los de estos detenidos”, argumentó. Fue en vano.
Uruguay fue el único que abrió la puerta…