Militares ecuatorianos vigilan constantemente la localidad fronteriza de Mataje. Foto: Cortesía FF.AA.
El laboratorio estaba en medio de las montañas de Nariño, en Colombia. La extensa vegetación rodeaba todo el complejo en donde se procesaba y se empaquetaba la cocaína.
Un estrecho camino de piedras era el único acceso. Su operación estaba a cargo de unos 20 miembros del grupo armado Óliver Sinisterra.
Tras su desmantelamiento, realizado el domingo pasado en Tumaco, las investigaciones han determinado que para el funcionamiento de este laboratorio existía una extensa red de colaboradores.
A esa conclusión se llegó porque ahí se encontraron víveres, prendas de vestir, botas de caucho, cilindros de gas, recipientes de plásticos, utensilios de uso doméstico, etc.
Pero, ¿cómo llegan esos insumos a la selva colombiana? Este Diario conversó con militares de Colombia, quienes cuentan que el grupo narcodelictivo tiene redes de abastecimiento en todo Nariño. Los víveres, por ejemplo, se obtienen en locales comerciales de Tumaco (Colombia) y San Lorenzo, en territorio ecuatoriano. Esta tarea se delega a decenas de pobladores, quienes “hacen el mercado” en pequeñas tiendas asentadas en el límite de los dos países.
Allí se recolecta la comida, junto a cargamentos de medicinas, licores, botas y cilindros de gas. Los datos de los militares coinciden con la versión de un lanchero que colaboraba con la guerrilla de las FARC.
En su relato, que desde junio pasado consta en la Fiscalía de Ecuador, se indica que el jefe de los disidentes, alias ‘Guacho’, usa los pequeños negocios no solo para abastecerse de víveres, sino también para almacenar armas, chalecos antibalas, radios y otros equipos.
Según el exmiliciano, las tiendas están en los sectores colombianos de Palo Seco, Puerto Rico, la Playa y Vallenato, puntos en donde la agrupación armada tiene injerencia.
El exarmado señala que para el traslado de insumos se usan vías fluviales como el río Mataje, cerca del Pacífico, y que su ingreso es por la localidad llamada el Chontal.
“Es difícil establecer a las personas a que les llevan (los víveres) a esos sectores, ya que pagan a cualquiera para que traslade el mercado y sea entregado en un sitio específico”.
Toda la logística es financiada por narcos que viven en Guayacana y Llorente, dos sectores de Tumaco. Uno de ellos es alias ‘Don Omar’, quien tiene una lancha en la que se trasladan los insumos para los campamentos que están cerca de los laboratorios y cocinas clandestinas.
En las últimas operaciones, los ejércitos de Colombia y Ecuador se han incautado de computadoras. En estos dispositivos han hallado archivos de Excel, en donde se detalla los gastos en insumos para los disidentes. En uno de estos archivos, al que tuvo acceso este Diario, se anotan gastos en cilindros de gas por 100 000 pesos, en platos por 160 000 y en comida 1 150 000. En carne se gasta 150 000 pesos, en cucharas otros 10 000, en vasos 30 000, en ollas 100 000 y en botas 30 000.
En los gastos incluso se detalla los salarios que perciben los colaboradores. Por ejemplo, a las mujeres que cocinan se les paga 150 000 pesos, en dólares sería unos USD 52 al cambio actual. No está detallado si estos pagos son diarios.
Esos ‘sueldos’ son superiores para los disidentes que ayudan a coordinar las operaciones del grupo armado.En la versión del exmiliciano se dice que ‘Guacho’ paga hasta 3 millones de pesos (USD 1 000) a los disidentes que le ayudan a buscar nuevos territorios. Los jefes de cada escuadra ganan el doble. Los pagos son puntuales y cada dos o tres meses tienen permisos para ir a sus poblados natales.
El exmiliciano, en su versión, dijo que la Policía de Ecuador abastecía de armas al grupo de disidentes. Estas declaraciones fueron rechazadas ayer. En un comunicado, la entidad dijo que “descarta categóricamente que exista una estructura al interior de la Policía, dedicada a actividades ilícitas”. La entidad sostiene que la delincuencia organizada busca afectar la confianza en la institución policial en este caso. Y dijo que pone a disposición “toda su organización” para identificar a cualquier responsable que estuviera vinculado en estos actos.
