5 de noviembre de 2018 11:22

Grilletes no monitoreaban en tiempo real

Imagen referencial. El sistema de vigilancia arrojaba dos posiciones diferentes del mismo procesado. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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El examen especial que la Contraloría elaboró respecto de los grilletes electrónicos muestra más detalles de las fallas en su funcionamiento. Tras anali­zar el período del 1 de enero del 2016 al 30 de abril pasado, el órgano de control determinó, por ejemplo, que estos aparatos no transmitían en tiempo real la ubicación de las personas que portan el dispositivo.

Esto ocurrió porque los sistemas de monitoreo del ECU-911
y del Ministerio de Justicia “no intercambian información coordinadamente”. Es decir, ambas instituciones tenían información diferente del lugar en el que estaba la misma persona que usaba el brazalete.

Personal de la Contraloría determinó que esta falencia hacía que si el procesado se retiraba del perímetro permitido no era fácil localizarlo.

Adriano Wang, gerente general de CEIEC, y el director tecnológico de esta empresa, Juan Carlos Jiménez, hablan en los estudios de diario EL COMERCIO sobre el proceso de compra y venta de grilletes electrónicos en Ecuador. 


En el lapso en el que se analizó este problema, el software de monitoreo no enviaba automáticamente los nombres, cédula y características físicas de los procesados. Estos debían ser transferidos desde el Ministerio de Justicia al ECU-911.

Por eso, un operador de esta Secretaría de Estado digitaba manualmente toda la información. Según el ente de control, en este proceso podía haber errores de digitación.

Por lo tanto se validaba la información vía telefónica entre los operadores de ambas entidades y verificaban que los datos digitados sean correctos.Sin embargo, la idea inicial era que todo fuera automatizado.

Grilletes no monitoreaban en tiempo real

Esos mismos operadores debían enviar manualmente al ECU-911 las alertas de algún problema que registraban los brazaletes: señal intermitente o que la batería estaba por agotarse. Pero no había una clasificación de las alertas de acuerdo con el grado de importancia. Todas eran englobadas como alertas críticas.

Además, para conocer si se registró la advertencia, el supervisor de la Cartera de Justicia se traslada personalmente al despacho del ECU-911.

La madrugada del martes 23, Policía y Fiscalía allanaron las oficinas de estas dos instancias para comprobar el funcionamiento del software con el que se monitoreó el brazalete que portó el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, procesado por peculado.

Los agentes embargaron equipos electrónicos y documentación relacionada con el monitoreo. Para entonces, Paúl Granda, ministro de Justicia (e), aseguró que el software para monitorear los grilletes funciona sin problema. Pero no se explican por qué el brazalete de Alvarado no emitió alertas cuando se lo retiró.

Según la Contraloría, con las inconsistencias detectadas “no se cumplió con el objetivo del contrato”, que Justicia había firmado con la empresa China National Electronics Import and Export Corporation. Entonces, se contabilizó un perjuicio para el Estado de USD 9,5 millones, que corresponden al valor del anticipo.

Cuatro meses después de que la Contraloría terminara su trabajo, la Policía reportó en Manta que una persona, indagada por extorsión, se había retirado “con facilidad” el grillete y el sistema de monitoreo “no detectó” esa acción.

El sospechoso que se despojó del brazalete fue identificado como Jefferson M., a quien el juez le cambió la prisión preventiva por el uso del aparato.

Pero tras salir en libertad, los policías detectaron cómo volvió a las redes delictivas: ocultaba vehículos robados en un taller clandestino, llamaba a sus propietarios y exigía hasta USD 2 000 a cambio de devolver los automotores. Él registra seis procesos judiciales.

El 25 de septiembre pasado Liliana Guzmán, viceministra de Justicia, quien renunció luego de la fuga de Alvarado, convocó a periodistas al ECU-911 y habló de los grilletes. En ese entonces dijo que los dispositivos los usan personas con arresto domiciliario, las que gozan de libre circulación y para proteger a víctimas. Aseguró que todos tienen sus sistemas de protección y alertas.

Ayer, la Policía confirmó la difusión roja de Interpol para

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