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Gremio de telecomunicaciones se opone a las contribuciones para cuenta humanitaria

El gremio solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo que se elimine del artículo 4 del proyecto a las empresas de este rubro.

El gremio solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo que se elimine del artículo 4 del proyecto a las empresas de este rubro.

El gremio solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo que se elimine del artículo 4 del proyecto a las empresas de este rubro. Foto: Captura

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) presentó ayer, jueves 24 de abril del 2020, a la Asamblea, sus observaciones a la Ley Humanitaria que impulsa el Ejecutivo.

El gremio solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo que se elimine del artículo 4 del proyecto a las empresas de este rubro. El artículo establece una contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades.

Asetel recalcó que las empresas todavía pagan la Contribución Única y Temporal del 2019.


Jorge Cevallos, representante de la Asetel, expuso la situación del sector. “Desde la vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en 2015, instrumento central de la política eminentemente recaudatoria aplicada para el sector, la industria ha venido contrayéndose. Sumado a una reducción de ingresos por la entrada de nuevos servicios, muchos de ellos ofrecidos de forma gratuita”, recalcó.

Cevallos explicó que, durante la emergencia, el sector de las telecomunicaciones ha apoyado al país con la mejora en la oferta de los servicios contratados sin costo adicional al cliente (más megas, más minutos, mayores velocidades de acceso a Internet y canales). Además, dijo que en el caso de los servicios de telefonía fija, Internet y telefonía móvil, las empresas no han cortado el servicio por falta de pago.

Asetel señaló que la prohibición de corte de servicios aprobada y difundida por el Gobierno ha empeorado el problema de liquidez de las empresas.

Por esta razón, el representante del gremio argumentó que la carga establecida en el proyecto del Ejecutivo sería “una determinación tributaria retroactiva que afectará a las utilidades de las empresas, al desenvolvimiento de la industria al momento de generar nuevas inversiones, mantener plazas de empleo entre otras”.

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