24 de octubre de 2018 00:00

Paúl Granda plantea depuración en el Ejecutivo por fuga de Fernando Alvarado

Paúl Granda habló en el salón azul del Palacio de Carondelet sobre el caso de la fuga de Alvarado. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Paúl Granda habló en el salón azul del Palacio de Carondelet sobre el caso de la fuga de Alvarado. Foto: Patricio Terán / El Comercio

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Redacción Política

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Paúl Granda, secretario general de la Política y ministro de Justicia encargado, renunció ayer a sus cargos. Sin embargo, el funcionario informó que el presidente Lenín Moreno aún no acepta su dimisión.

La fuga de Fernando Alvarado, investigado por supuestos actos de corrupción durante el Régimen anterior, fue el detonante para que Granda tomara esa decisión. Ayer dijo que en el Gobierno hay funcionarios de nivel medio que componen una “mafia” para que se garantice la impunidad.

Por eso pidió a los titulares de las Carteras de Estado que revisen las nóminas de sus instituciones para hacer los correctivos y evitar nuevas burlas al sistema de justicia.

El Estado ha dirigido en dos vías las acciones tras la fuga: política y judicial. En la víspera, reunidos en Carondelet, las principales autoridades de las Funciones del Estado exhortaron a la Fiscalía y al resto de instancias judiciales a establecer medidas más severas a los investigados por corrupción.

En esa reunión participaron Paúl Pérez, titular de la Fiscalía, y otras autoridades de la Función Judicial como Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura; y Paulina Aguirre, principal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, explicó que en el momento de declarar el exhorto ellos se retiraron, aunque durante la parte medular de la cita se dijo que las acciones de la justicia deben ser más ágiles y oportunas.

El presidente Lenín Moreno aclaró que ese pedido, así como la convocatoria al resto de funciones, se hicieron con el respeto a la independencia de cada una de las instancias.

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que según las normas vigentes, ese exhorto no puede ser visto como injerencia en la justicia, ya que no hay una amenaza o presión visible a jueces o fiscales.

Añade que con ese pedido lo que se hizo podría ser un “reconocimiento tácito con el afán de corregir” la declaración que hiciera Andrés Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia, el domingo, tras conocer la fuga.

El Funcionario indicó que el Gobierno pidió a la justicia que se prohíba la salida del país de exfuncionarios del correísmo. Pero Quintana recuerda que ese tipo de decisiones le competen solo a los jueces tras un pedido de la Fiscalía.

Tras la cita de las funciones del Estado también se dispuso la destitución de toda la cadena de responsabilidad en rehabilitación social, incluyendo a quienes debían monitorear el grillete electrónico que portaba Alvarado. Dos viceministras de Justicia renunciaron.

Sin embargo, el jurista Stalin Raza cree que esta medida llega únicamente a la parte operativa y no se apuntó a los responsables políticos en el Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo el control a los grilletes, y en el Ministerio del Interior, que controla el aparato policial y las salidas del país.

La Asamblea Nacional tomó ayer la posta en este sentido. El Pleno aprobó por unanimidad (113 votos) una resolución para iniciar el control político a los funcionarios de alto nivel que tienen algún tipo de injerencia en la fuga de Alvarado.

Mañana, a las 14:20, el Pleno recibirá al fiscal Pérez, a María Paula Romo, ministra del Interior; Paúl Granda, ministro de Justicia (encargado); Rosana Alvarado, exministra de Justicia; Nelson Villegas, Comandante de la Policía; Andrés Michelena, secretario de Comunicación; Rubén Robayo, director (encargado) del ECU911; y a Jorge Costa, director del Centro de Inteligencia.

El objetivo es que expliquen todas las acciones u omisiones que han realizado en el caso de la fuga de Fernando Alvarado.

Aunque la votación fue unánime para buscar a los responsables políticos del escape, el debate no estuvo exento de fricciones entre legisladores de distintas bancadas.

“Una vez más hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape de el ‘Chapo Guzmán criollo’ indigna y genera muchas interrogantes y temores porque podría ser consecuencia de la tibieza de las autoridades”, expresó Cristina Reyes (PSC).

Eso fue rechazado por la correísta Marcela Aguiñaga, quien llamó a respetar el debido proceso. Ella se declaró orgullosa de haber sido parte del gobierno de Rafael Correa. Además, la legisladora retó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, a quien le pidió que “reaccione” en defensa de la institucionalidad del Legislativo.

Elizabeth Cabezas dejó el estrado que ocupa como primera autoridad del Parlamento y se fue a su curul. Desde allí replicó: “señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea ni cómo yo tengo que reaccionar”.

José Luis Fuentes, analista político, cree que el exhorto de las funciones del Estado y la actuación de la Asamblea reflejan un traspaso del debate en torno a la fuga de Alvarado, desde lo judicial a lo político, lo cual “en cierta parte es grave”.

Explica que esto evidencia la poca confianza que la clase política tiene en la justicia del país, y que esto da lugar a que procesos judiciales tengan que ventilarse en otros espacios.

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