7 de September de 2009 00:00

La gran falacia

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Carlos Larreátegui

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La presentación de los proyectos de Ley de Educación Superior del Conesup y de Senplades marca el inicio de la batalla final por la reforma universitaria. La rápida acción del Conesup al presentar su proyecto a la Asamblea agarró desprevenido al Gobierno y lo forzó a remitir la propuesta de Senplades por la poco ortodoxa vía del Internet. Siete legisladores debieron “adherirse” y firmar el texto electrónico a toda prisa para cumplir con las formalidades  previstas en la Constitución.

A pesar de las generosas ofertas de diálogo y apertura, el Senplades impuso finalmente un proyecto unilateral cargado de inconstitucionalidades e inconveniencias. La ex asambleísta constituyente y candidata presidencial Martha Roldós, coautora de los textos constitucionales relativos a la educación, sostuvo que el proyecto oficial traiciona abiertamente los principios constitucionales y busca secuestrar la universidad ecuatoriana.

Gustavo Vega, Presidente del Conesup y uno de los académicos más prestigiosos del país, denunció los graves errores e inconstitucionalidades que invalidan la propuesta de ley elaborada por Senplades. Pensadores y catedráticos de la talla de Jorge Vivanco, Eliécer Cárdenas, Manuel Corrales, Federico Sanfeliú, Fabián Corral, Mario Jaramillo y otros,  expresaron severos reparos a la conveniencia y conformidad constitucional del proyecto gubernamental.

Se pensó que la evaluación integral del sistema universitario ecuatoriano, ordenada por la Asamblea y ejecutada por el Conesup y el Conea, sería el punto de partida en la formulación de una propuesta de ley. Era indispensable y lógico contar primero con estadísticas precisas que revelaran la situación real de la universidad ecuatoriana. Senplades decidió ignorar esta valoración y elaboró el proyecto con el concurso de consultores extranjeros que poco o nada conocen sobre la realidad ecuatoriana. Esto constituye una prueba irrefutable de que el proyecto de Senplades es  ideológico y político y   su objetivo principal es el control de la universidad.

Los legisladores tienen una enorme responsabilidad ante la historia por el camino que tracen para la universidad de nuestros jóvenes.

No  pueden  doblegarse ante el dogmatismo y la arrogancia de Senplades y acoger su propuesta autoritaria sin un análisis profundo de los enormes riesgos que implica destruir la autonomía universitaria y entregar la educación superior a los gobiernos de turno y sus iluminados.

Necesitamos una reforma que asegure la calidad académica y la responsabilidad social de las universidades bajo la protección de la libertades y el respeto irrestricto a su autonomía. El proyecto de Senplades pisotea estos principios.  

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