Los gobiernos locales analizan la amnistía tributaria

La cartera vencida en la Municipalidad de Cuenca asciende a USD 13 millones. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La cartera vencida en la Municipalidad de Cuenca asciende a USD 13 millones. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La cartera vencida en la Municipalidad de Cuenca asciende a USD 13 millones. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Los municipios y gobiernos provinciales analizan la aplicación o no de la remisión de interés, multas y recargos, derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y servicios básicos, que otorga la Ley de Fomento Productivo. Por ahora la Municipalidad de Cuenca decidió que lo hará y la de Guayaquil, que no se acogerá.

El artículo 20 de esta normativa establece que se pueden acoger los gobiernos descentralizados, empresas e instituciones públicas municipales, pero de forma voluntaria.

Según el analista tributario Carlos Calero, los gobiernos autónomos descentralizados primero deben elaborar y aprobar una ordenanza que determine el alcance y los lineamientos de las amnistías.

En esta fase está el Municipio cuencano y su empresa Etapa. La primera tiene casi listo el proyecto que será presentado al Concejo Cantonal. Fue elaborado para predios, patentes, activos, plusvalía, alcabalas, contribución especial de mejoras y tasas municipales.

La cartera vencida asciende a USD 13 millones en estos rubros y la condonación de intereses y multas representará USD 4 millones, dijo la directora Financiera del Municipio, María Fernanda Vintimilla. “Si bien la Ley nos obliga a grabar intereses, lo importante es cobrar el capital”.

La norma establece que podrán acogerse al beneficio todos los contribuyentes que estén dispuestos a pagar todo el capital adeudado que mantienen hasta el 2 de abril del 2018.

En el caso de Etapa, desde la próxima semana se elaborará la ordenanza. Su subgerente financiero, Carlos Vega, dijo que tienen contribuyentes que deben desde el 2010 y “es importante recuperar esos valores”.

El Municipio de Guayaquil, por su parte, no se acogerá a las remisiones. El vocero municipal, Jorge Rodríguez, afirmó que luego de un análisis se determinó que los habitantes más pobres de esta ciudad “pagan centavos de intereses” y quienes tienen más posibilidades económicas “pueden pagar sus deudas”.

“Nosotros como Municipio de Guayaquil no vamos a aplicar la remisión de intereses”, ratificó Rodríguez.

Los otros gobiernos autónomos descentralizados analizan los alcances de la remisión y el beneficio que representará para sus finanzas. Ese es el caso del GobiernoProvincial de Azuay. Aún no se adopta una decisión porque es un tema complejo, señaló el director Financiero, Jorge Arce.

Para entender la complejidad de la medida, el funcionario puso un ejemplo. Esta Prefectura cobra la Tasa Solidaria a los propietarios de autos y esas recursos se destinan al mantenimiento vial, pero cuando se vende el vehículo el nuevo dueño puede matricularlo en otra ciudad y no cancelar lo adeudado.

Miguel Dávila, administrador General del Municipio de Quito, dijo que plantean un proyecto de ordenanza para que el Concejo lo considere. En la propuesta se incluyen también las multas de tránsito.

El texto será enviado esta semana. Agregó que deben esperar a la decisión de los concejales “porque hay unos que están a favor y otros en contra. Por lo pronto no podemos adelantar nada hasta que el Concejo lo decida”.

En el Municipio de Ibarra también se analiza el alcance de la Ley de Fomento Productivo, respecto a la remisión de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias. Cristian Terán, director de Desarrollo Económico, explicó que primero evaluarán cuidadosamente la cartera vencida en los diferentes rubros y, a partir de allí, adoptarán una medida, de acuerdo con la disposición de esa legislación.

Mientras tanto, el Gobierno Provincial de Imbabura no aplicará la medida porque no cobra tributos. El único ingreso ciudadano que recibe son los USD 5 por persona a los usuarios del complejo Santa Agua de Chachimbiro, dijo el vocero del Gobierno Provincial, Camilo Ponce.

En contexto
 
Los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas e instituciones deben elaborar primero una ordenanza para aplicar las remisiones. Allí, se deben establecer los lineamientos en cuanto a condiciones y plazos previstos en los artículos precedentes.

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