Bangkok, Ansa
El gobierno de Tailandia acusó hoy a grupos “terroristas” de haber protagonizado los choques en los que perdieron la vida el sábado 21 personas, mientras las autopsias revelaron que nueve integrantes de la oposición murieron ese día por disparos de “fusiles de alta potencia”.
En tanto, la oposición realizó en Bangkok una procesión en honor a los integrantes de los Camisas Rojas muertos en los choques, donde los manifestantes llevaron féretros.
El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, dijo en un discurso difundido por la televisión que “grupos terroristas infiltrados en las manifestaciones” provocaron los choques del sábado y llevaron “a esta trágica situación”.
“Nuestra obligación es separar a los terroristas de los manifestantes inocentes. Ahora tenemos un cuadro más completo”, sostuvo el primer ministro, y ratificó su compromiso para la constitución de una comisión independiente que investigue los episodios del sábado.
Asimismo, dijo que “los partidos de la coalición de gobierno continuarán consultándose de modo de contar con medidas paralelas para hacer frente a la situación”, sin referirse a una solución política a las protestas que mantienen los Camisas Rojas desde el 12 de marzo.
Las primeras autopsias revelaron que nueve integrantes de la oposición muertos el sábado en Bangkok recibieron el impacto de “fusiles de alta potencia”, con impactos en el pecho y la cabeza.
Las autopsias fueron realizadas a 11 de las 21 víctimas mortales, mientras otro de los manifestantes murió a causa de un infarto por una enfermedad preexistente.
Los médicos forenses examinaron también el cuerpo del camarógrafo japonés Hiroyuki Miramoto, pero por un pedido de los familiares no difundieron los resultados.
El portavoz del gobierno, Panitan Wattanayagorn, negó el domingo que hayan sido usadas armas de fuego en la represión del sábado y dijo que el ejército sólo utilizó proyectiles de goma, en acciones de defensa.
Por otra parte, la Comisión Electoral de Tailandia aprobó hoy la disolución del Partido Democrático, que conduce el primer ministro, en relación con una donación de casi 6 millones de euros que aportó la cementera Tpi Polene.
Ese aporte supera el límite fijado por la ley tailandesa, mientras la sede de la Comisión fue asediada la semana pasada por Camisas Rojas que reclamaron esclarecer el caso.
La Comisión pondrá el caso a juicio de la fiscalía general, que pedirá luego a la Corte Constitucional que se pronuncie.