16 de abril de 2020 00:00

Gobierno necesitará USD 4 645 millones más por la emergencia sanitaria

Durante unas cinco horas compareció Richard Martínez ante el Pleno Legislativo. Foto: Twitter Asamblea Nacional

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María Vanessa Silva
y Evelyn Tapia  
Redactoras (I)

La caída de ingresos petroleros, tributarios y de exportaciones, así como el mayor gasto en salud que demanda la emergencia por el covid-19, ampliaron las necesidades de financiamiento para este año, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

De ahí que el Gobierno necesitará USD 4 645 millones más de recursos para hacer frente a la crisis, explicó ayer, 15 de abril del 2020, el Ministro durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea para detallar las medidas económicas.

En el Presupuesto del 2020, Finanzas calculó que se requerirán USD 12 518 millones de financiamiento este año.

El Gobierno ha buscado ayuda principalmente de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo CAF.

La estrategia de Finanzas ha sido redireccionar los recursos externos para atender la emergencia de salud. Los montos aprobados y entregados por estos multilaterlaes y otros bancos hasta ahora ascienden a USD 580 millones.

Pero también se ha solicitado que los entes amplíen los cupos de préstamos que estaban previstos para este año. En mayo se espera que los directorios del Banco Mundial, la CAF y el BID aprueben y entreguen recursos adicionales que suman USD 123 millones.

Para la última semana de abril también se prevé que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe un crédito urgente por más de USD 500 millones. Martínez informó que también está en proceso de aprobación un crédito bilateral con China y que pueda ser utilizado libremente, ya que esos préstamos suelen estar atados a obras de construcción.

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Otro eje en la estrategia del Gobierno es renegociar la deuda pública. Se replanteará el pago de amortizaciones a China, lo que permitiría ahorrar USD 240 millones.

Los asambleístas cuestionaron que, en medio de las dificultades por la crisis de salud, Finanzas haya pagado en marzo pasado USD 326 millones de deuda en bonos.

Juan Lloret (RC) y Raúl Tello (independiente) coincidieron en la intención de promover un juicio político en contra del Ministro de Finanzas. “¿Quiénes son los tenedores de los bonos?” increparon a Martínez en reiteradas ocasiones.

Vicente Almeyda, Ana Belén Marín, Ximena Peña, Kharla Chávez, Guillermo Celi, César Rohón, fueron algunos de los legisladores que también cuestionaron al Ministro.

Martínez insistió en que se debía pagar esa deuda para que no se cierren nuevas fuentes de financiamiento.

Y en esa línea también planteó la necesidad de aprobar varias medidas económicas, entre las cuales están las reformas laborales.

Los nuevos acuerdos que plantea el Gobierno, para suspender y reducir de manera excepcional la jornada laboral, tendrán 10 condiciones, dijo.

Primero, el acuerdo no se podrá imponer, será voluntario. Segundo, las empresas que no tengan problemas económicos no necesitarán acogerse a las modalidades de emergencia. Solo lo harán aquellas que estén en peligro de cerrar o quebrar.

Tercero, las empresas que maquillen sus estados financieros serán sancionadas. Cuarto, si la empresa no llega a un acuerdo entraría en liquidación. En ese caso, los trabajadores serán los primeros en la prelación de pagos.

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Quinto, se establecerán sanciones penales a los accionistas que, previo a la liquidación, quiten valor a las empresas para su propio beneficio. Sexto, no se podrán distribuir dividendos ni disminuir el capital mientras dure el régimen temporal.

Séptimo, todos tendrán que hacer concesiones (ejecutivos, proveedores, arrendatarios, bancos acreedores).

Octavo, el Gobierno y gremios pueden servir como facilitadores de diálogo si las partes lo solicitan.

Noveno, el acuerdo se puede impugnar si hay algún tipo de fraude. Y décimo, los acuerdos se negociarán de manera colectiva, podrán suscribirse con la aprobación de mayorías calificadas.

“El acuerdo tiene como función que no se despida a la gente”, dijo Martínez.
La propuesta que se plasmaría en el proyecto de ley económica prevé, por un lado, la suspensión de los empleados por tres meses, con la opción de renovarlo por tres meses más. En ese tiempo, el trabajador no recibiría la remuneración ni la aportación al Seguro Social.

Por otro lado, se busca que la jornada, así como la remuneración, se reduzca en función de las necesidades de la empresa en crisis. No habría un rango de disminución específico, como lo determina la norma vigente (de 40 a 30 horas semanales). Esta modalidad podría aplicarse por dos años, renovables por una sola vez.

Martínez no confirmó cuándo se entregará el proyecto de ley urgente con estas medidas. Solo explicó que se enviarán dos proyectos, uno con las medidas emergentes y otro con las reformas al Código de Finanzas Públicas (Coplafip), que estaba previsto enviarlo en marzo pasado.

Frente a los anuncios económicos del Ejecutivo, las propuestas de los asambleístas fueron variadas. Van desde permitir que el Banco Central del Ecuador (BCE) entregue recursos al Fisco e incrementar la carga impositiva a grandes grupos económicos y otros sectores que hayan sido beneficiados con exenciones tributarias en leyes recientes.

También, frenar el pago de deuda pública, recuperar el dinero de la corrupción, focalizar los subsidios, entregar bonos a empleados públicos, reducir las tasas de interés de la banca privada, entre otros.

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