Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega. Foto: Agencia AFP
El gobierno de Nicaragua acusó este martes 26 de junio de 2018 a la alianza opositora de intentar romper el orden constitucional con las protestas que realiza para presionar la salida del poder del presidente Daniel Ortega, que dejan más de 212 muertos en dos meses.
“Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica”, dijo el canciller Denis Moncada ante una comisión de la CIDH, según consignó el sitio digital informativo progubernamental Informe Pastran.
El gobierno y sus opositores reanudaron el lunes un diálogo que busca una salida a la crisis, pero volvió a estancarse pues Ortega aún no responde a la propuesta de la Iglesia católica -mediadora- de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
Ante ello, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –grupos de la sociedad civil- se reunieron este martes para definir estrategias de presión, aunque aún no las anunciaron.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
“En Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico”, denunció por su lado el canciller Moncada.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.
Murillo, una extravagante mujer de 67 años, con enorme poder en el gobierno, dijo este martes estar “orando por la paz” y celebró los operativos que están desmontando cientos de bloqueos que mantienen los opositores en las calles.