El ministro Pablo Campana participó en marzo pasado en un foro de inversiones en Quito. Foto: archivo / EL COMERCIO
El Gobierno quiere imprimir un cambio en el manejo de la economía. La punta de lanza de esta estrategia es la apertura al comercio y la atracción de inversiones, para que el sector productivo -a diferencia de años pasados, donde el Estado jugaba un rol preponderante- se convierta en el principal motor de la economía.
Los resultados del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, vigente desde 2017, se han vendido como la cara positiva de la apertura y del pragmatismo. Y en ese sentido Ecuador avanzó este año hacia la firma de otros tratados. Ecuador suscribió un acuerdo con el bloque del Efta.
El Consejo Bilateral de Comercio e Inversión con Estados Unidos, un foro que permaneció congelado durante nueve años, se reactivó en noviembre pasado y marcará la ruta para un acuerdo comercial con su principal socio.
En la misma línea de apertura, Ecuador anunció en julio que iniciará el proceso para ser miembro asociado de la Alianza del Pacífico, un proceso largo que pudiera empezar en el 2019.
La intención del país es -a futuro- convertirse en socio pleno. Este bloque también promueve el libre comercio y tiene como miembros a México, Colombia, Perú y Chile. Esta decisión genera inquietud en algunos sectores, como el automotor, el textil y el de línea blanca, que han pedido estudios profundos sobre el impacto que tendría para la economía el ingreso al bloque, donde México es un fuerte competidor para el país.
El Gobierno también promovió y participó en foros nacionales e internacionales, donde declaró que “Ecuador es un país abierto al mundo”.
La puesta en marcha de esta política de apertura también ha supuesto cambios en materia normativa. En agosto pasado se aprobó la Ley de Fomento productivo, que introdujo fuertes incentivos -como exoneraciones de impuestos- para las nuevas inversiones.
Con estos esfuerzos se espera que la inversión privada y extranjera aumente. Hasta el cierre de diciembre se esperaba que este indicador cerrara en una cifra -calificada por el Gobierno como histórica- de USD 17 000 millones, unos USD 1 600 millones adicionales frente al 2017. Y, en total, se esperan hasta el 2021 unos USD 10 300 millones en nueva inversión.
Aunque los cambios generan expectativas, inversionistas y empresarios reclaman temas como mejoras en la competitividad, tratados bilaterales de inversión y menos rigidez laboral.