Richard Espinosa, presidente del Directorio del Biess, habló en rueda de prensa sobre la disposición de traspaso de la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) al Biess. Foto: EL COMERCIO
El presidente del Directorio del Biess, Richard Espinosa, se pronunció en Guayaquil la mañana de hoy, viernes 15 de mayo, sobre la disposición de traspaso de la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) al Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), luego de varios incidentes registrados la noche de ayer en sedes del fondo en las que se desplegó resguardo policial.
Espinosa señaló que la auditoría realizada por las empresas Best Point y KPMG determinó que en el período 1999-2000, el Fondo del Magisterio tuvo déficit que fue cubierto en un 40% con un aporte de fondos que eran administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los que a su vez tenían aportes del Estado. “De lo que se ha detectado hubo déficit de USD 29 116 319, 86, dentro los que se encontró el 40% del aporte del Estado, esto es aproximadamente USD 11 millones”, puntualizó.
El funcionario también detalló que de los USD 405 millones del FCME solo hay USD 17 millones en efectivo y que “el resto ya ha sido invertido, principalmente en proyectos inmobiliarios”.
Durante la rueda de prensa en la que también estuvieron Christian Cruz, superintendente de Bancos y Seguros y Patricio Chanabá , gerente General del Biess, no se presentaron informes ni documentos que detallen los aportes de este y los otros siete Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que, según la auditoría, tienen aportes estatales.
En una presentación en Power Point se mostraron las irregularidades que, según las auditoras, se encontraron en el Fondo del Magisterio, como la transferencia de USD 568 millones del fondo al proyecto hidroeléctrico Sabanilla; la contratación por 12 años de una misma empresa de seguros administrada por un familiar de Juan José Castelló, presidente del FCME; la aportación de 914 maestros que ya constaban como fallecidos, entre otras.
En los exteriores de la sede del Fondo del Magisterio, en las calles Panamá y Víctor Manuel Rendón, en el centro de Guayaquil, los representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) protestaron y convocaron a una movilización durante toda la mañana.
Glenda Soriano, presidenta de la UNE en Guayas mostró un documento firmado por Patricia de Arteaga, de la empresa KPMG, dirigida a Marlon Elinovich, presidente del consejo de administración del FCME, en la cual se le cita a la presentación del primer borrador del informe de auditoría para el 19 de mayo. “¿Cómo pueden decir que ya se ha determinado que hay aporte del Estado cuando ni si quiera está listo el borrador? Esto es un atropello”, dijo Soriano.
Christian Cruz, Superintendente de Bancos y Seguros, por su parte, hizo énfasis en que los informes de las dos auditorías están concluidos, aunque no mostró documentos, y señaló que al comprobarse que hubo aporte del Estado, conforme al artículo 220 de la Ley Reformatoria para la Administración de los Fondos de Cesantía y Jubilación, aprobada en septiembre pasado, “inmediatamente y sin necesidad de ningún acto adicional pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco”.