Redacción Judicial
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El arbitraje es la segunda opción que tienen las empresas relacionadas con Fabricio Correa para solucionar su litigio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El primer camino que se tomó es la mediación, que se inició ayer con dos audiencias de conciliación, realizadas en Quito. En ellas participaron representantes de las compañías Cosurca, Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías, y del Ministerio.
La conciliación no será fácil. Los representantes de Transporte no acudieron, a pesar de que se informó que el ministro (e) de esa Cartera, David Ortiz, preparaba los documentos de su alegato.
La Procuraduría, como abogado del Estado, también faltó. Solo se presentó a la diligencia Joffre Campaña, abogado de las tres firmas demandantes.
Los representantes del Gobierno debían justificar la terminación unilateral de los contratos que suscribieron con las firmas donde Fabricio Correa aparece como accionista o que tengan alguna relación con él.
El jueves pasado el Ministerio de Transporte finalizó tres convenios con Cosurca, Consorcio Amazónico, y Consorcio Puentes y Vías. Estas firmas trabajaban en la construcción de las carreteras Arenillas-Alamor, y el puente sobre el río Paute, en Uzhupud. Así como en la rehabilitación de las vías El Empalme-Alamor y Plan Milagro-Gualaquiza.
Adelantándose a esa decisión, el 31 de agosto, los representantes de las compañías presentaron cuatro quejas en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de la ciudad.
“Nosotros estamos apelando para que se respete la ley y para que este tema no se resuelva políticamente”, dijo Campaña.
Las firmas piden un arreglo por USD 37,8 millones como indemnización. “Este monto es por los cuatro contratos, pero cada uno se maneja como una demanda independiente”, explicó Edmundo Erazo, director del Centro de Mediación de la Cámara.
Hoy se cumplirán la tercera y cuarta audiencias en este caso. El mediador no tiene un plazo establecido para resolver el proceso, que puede terminar en acuerdo total, desacuerdo total y acuerdo parcial. Cuando existe un punto de discordia se debe ir al arbitraje como segunda instancia.
“Queremos que se cumplan los contratos y que si se los termina, que sea declarado por el Ministerio, no porque se ha incumplido con las obras”, dijo Campaña.
En el arbitraje, las partes tienen tres días para designar un árbitro. Si no se lo hace, se lo debe someter a sorteo. Este es un acto público. Se elige a tres miembros de un tribunal y a un secretario. Tienen hasta 300 días (10 meses) para resolver y dictar un ‘laudo’, es decir, una sentencia.