8 de September de 2009 00:00

El Gobierno faltó a la mediación en la polémica de Fabricio Correa

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Redacción Judicial 
judicial@elcomercio.com 

El arbitraje es  la segunda opción que tienen  las empresas relacionadas con   Fabricio Correa para solucionar su litigio con  el Ministerio de Transporte y  Obras Públicas.

El primer camino que se tomó es  la mediación, que  se inició ayer con  dos audiencias de conciliación,  realizadas en Quito. En ellas participaron representantes de las compañías  Cosurca, Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías,  y del Ministerio.
 
La conciliación no será fácil. Los representantes de Transporte  no acudieron, a pesar de que se informó  que el  ministro (e) de esa Cartera, David Ortiz, preparaba  los documentos de su alegato. 

La  Procuraduría, como abogado del Estado, también faltó. Solo se presentó  a la diligencia Joffre Campaña, abogado de las tres firmas demandantes.

Los representantes del Gobierno debían justificar  la  terminación  unilateral de  los contratos que suscribieron con las firmas donde Fabricio Correa aparece como accionista o que tengan alguna relación con él. 

El jueves pasado el Ministerio de Transporte finalizó tres  convenios con   Cosurca, Consorcio Amazónico, y Consorcio Puentes y Vías. Estas firmas trabajaban en la construcción de las carreteras Arenillas-Alamor,  y  el puente sobre el río Paute, en   Uzhupud. Así como en  la rehabilitación de las vías El Empalme-Alamor y Plan Milagro-Gualaquiza.
 
Adelantándose a esa decisión, el 31 de agosto,  los  representantes   de las  compañías  presentaron cuatro quejas     en  el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de la ciudad.

“Nosotros estamos  apelando para que se respete la ley y para que este tema no se resuelva  políticamente”, dijo   Campaña.

 Las firmas piden un arreglo por USD 37,8 millones como indemnización.  “Este monto es por los cuatro contratos, pero cada uno se maneja como una demanda independiente”, explicó Edmundo Erazo, director del Centro de Mediación de la Cámara.

Hoy se cumplirán la  tercera y cuarta  audiencias en este caso. El mediador no tiene un plazo establecido para resolver el proceso, que puede terminar en acuerdo total, desacuerdo total y acuerdo parcial. Cuando  existe un punto de discordia  se debe ir al arbitraje como segunda instancia.

“Queremos que  se cumplan  los contratos y que si se los termina, que sea declarado  por el Ministerio, no porque se ha  incumplido con  las obras”, dijo Campaña.

En el arbitraje, las partes tienen tres días para designar  un árbitro. Si no se lo hace, se lo debe someter a sorteo. Este es un acto público. Se elige a tres miembros de un tribunal y a un secretario. Tienen hasta 300 días (10 meses) para resolver y dictar un ‘laudo’, es decir,  una sentencia.

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