El Gobierno español adoptó este viernes, 6 de octubre del 2017, un decreto por el que facilita que las empresas catalanas, preocupadas por una posible declaración de independencia, saquen de la región su sede social.
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que el decreto responde a “la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional”.
En los últimos días, varias compañías sacaron de Cataluña su sede social, entre ellas el banco Sabadell, el segundo más importante de la región.
“Esto no es culpa de las empresas, es culpa de una política irresponsable, que genera incertidumbre, que genera inquietud”, comentó ante la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Arremetía así contra el gobierno independentista catalán, que llevó adelante el referendo de autoderminación del domingo pasado pese a la prohibición de la justicia.
“Las políticas irresponsables” del ejecutivo catalán son algo que “genera alarma, genera incertidumbre, y eso es lo peor que puede haber en el mundo empresarial”, abundó el ministro.
Hasta ahora, el órgano competente para modificar el domicilio social de una sociedad era por lo general la junta general de accionistas, pero en virtud de este decreto será el consejo de administración, más rápido de convocar.