31 de agosto de 2018 00:00

Gobierno elimina restricciones para bonificaciones a jubilados

En la firma del Acuerdo Ministerial que derogó al 0094 participaron representantes de los jubilados del sector público y autoridades de Gobierno. Foto:Julio Estrella / EL COMERCIO

En la firma del Acuerdo Ministerial que derogó al 0094 participaron representantes de los jubilados del sector público y autoridades de Gobierno. Foto:Julio Estrella / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco

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El Gobierno Nacional estableció nuevas reglas para el pago de la bonificación a los servidores públicos que, con los requisitos establecidos cumplidos, decidan jubilarse de manera voluntaria.

Para garantizar el pago de esta compensación, que en promedio era de USD 50 000 por persona, el Ministerio de Trabajo derogó este jueves, 30 de agosto del 2018, el Acuerdo Ministerial 0094. Este fue emitido por el Gobierno anterior y limitaba el pago de estos recursos, que se entregan en reconocimiento al trabajo de los servidores del sector público que tenían nombramiento.

El artículo 9 del Acuerdo Ministerial, modificado dos días antes de que el expresidente Correa terminara su mandato, establecía, entre otros, que los servidores podían renunciar voluntariamente para acogerse a los beneficios de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin que el Estado esté “obligado” a pagar la compensación prevista en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Esto originó que, desde mayo del 2017, las personas del sector público que estaban en condiciones de jubilarse reconsideraran su decisión para acogerse a este derecho.

Gobierno elimina restricciones para bonificaciones a jubilados


Los servidores del Estado pueden retirarse de manera voluntaria si tienen 30 años de aportación y entre 60 y 70 años. Para quienes tienen más de 70 años de edad la compensación es obligatoria.

Pero no todos quienes dejaron de servir en la función pública fueron compensados.

Por la falta de liquidez del Estado, alrededor de 23 500 jubilados -que se acogieron antes de mayo del 2017 a este derecho- tenían pendiente el pago, refirió Norma Vallejo, asambleísta (AP) e integrante de la Comisión de los Derechos de las y los Trabajadores y la Seguridad Social.

En consecuencia, el Estado acumuló una deuda que ascendía a USD 1 250 millones. De este valor, el actual Régimen ha cancelado ya USD 626 millones en efectivo, aunque la Ley también permite hacerlo en bonos del Estado.

En lo que resta de este 2018, está planificado que se cancelen USD 100 millones más a 1 839 jubilados, informó ayer el presidente Lenín Moreno.

La diferencia de esta deuda se cancelará en el transcurso del próximo año. Para los pagos se prioriza a los beneficiarios en función de la edad, año de jubilación, presencia de alguna condición de discapacidad o si padecen una enfermedad catastrófica.

Los recursos para cancelar estas obligaciones son producto del proceso de optimización del Estado y, desde el próximo año, de la planificación de los ministerios y del Presupuesto General del Estado.

Además, para evitar que este tipo de situaciones se repitan, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, firmó ayer un nuevo Acuerdo Ministerial que reem­plaza al 0094, al que calificó de “ilegítimo e injusto”.

En esta nueva norma se reconoce la deuda que mantiene el Estado con los jubilados y se permite que el proceso de retiro de los servidores públicos continúe de manera normal, fluida, planificada y presupuestada. “Queremos que los jubilados nunca más escuchen que no hay plata para pagarles”, enfatizó Ledesma.

Es decir, desde ahora para garantizar el derecho a la jubilación, las entidades públicas deberán planificar e incluir en sus presupuestos los rubros para cumplir con estos pagos.

Los servidores que decidan jubilarse podrán recibir su compensación en efectivo o en bonos, que tienen un rendimiento de intereses y se pueden canjear por dinero cuando cumplan los 70 años.

Los parámetros establecidos en este Acuerdo son de cumplimiento obligatorio para las entidades del sector público.

Estos anuncios se realizaron este jueves en el Palacio de Gobierno, en Quito. En este evento participaron el presidente Moreno, los ministros de Trabajo y de Economía y Finanzas, Richard Martínez, la asambleísta Vallejo y representantes de los jubilados del sector público.

Mariana Orellana, presidenta de la Asociación de Jubilados del Ministerio de Salud, expresó que tras trabajar durante 42 años no le pagaron toda la bonificación que le correspondía. Esto limitó, en parte, su aspiración de iniciar un proyecto propio.

Pero espera que ahora, tras dos años de espera, el Gobierno reconozca su derecho a la compensación jubilar.

Otra jubilada, Mariana Sinailin, de 63 años, buscó otros mecanismos para apoyar a su hijo en un doctorado. Ella contaba con USD 74 500 de su bonificación, en el 2016, pero no le entregaron el monto total.

Para Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, la derogación del acuerdo 0094 garantizará que se cumpla con la Ley y, además, permitirá al Gobierno reducir el tamaño del Estado.

Según García, en el sector público existen más de 30 000 funcionarios que reúnen las condiciones para jubilarse de manera voluntaria. Esta salida demandará USD 1 500 millones en compensaciones. Si bien este momento existen restricciones presupuestarias por la situación económica del país, García explica que organismos multilaterales tienen líneas de financiamiento para este tipo de indemnizaciones.

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