El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, volvió a llamar a la unidad. Foto: Cortesía Vicepresidencia
La emergencia por el covid-19 generó una tregua de casi todos los partidos políticos y sociales con el Gobierno, desde el 16 de marzo, cuando se declaró el estado de excepción. Sin embargo, este ambiente tiende a cambiar.
El anuncio del ministro de Finanzas, Richard Martínez, de pagar USD 320 millones por el capital de los bonos 2020 provocó varias reacciones, desde el martes 24 de marzo de 2020, en medio de denuncias de falta de insumos en la red de salud.
Martínez será convocado a la Asamblea la próxima semana a presentar un informe sobre los plazos y términos de dicha operación. Además, deberá rendir cuentas sobre el presupuesto destinado al sistema sanitario junto con la exministra Catalina Andramuño.
“En este momento lo importante y la acción prioritaria que tiene el país es salvar las vidas y dar todos los recursos que se tengan para conseguir ese objetivo”, sostuvo César Litardo (AP), presidente de esta Función.
La Comisión legislativa de Desarrollo Económico advirtió que fiscalizará el pago de la deuda externa y hará un seguimiento a la ejecución presupuestaria de este año, “con énfasis en el sistema nacional de salud”.
Aunque el argumento del Ejecutivo es que el pago permitirá al país acceder a líneas de crédito por USD 2 000 millones, sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y Unidad Popular lo rechazan.
“Es inaceptable que mientras el Gobierno señala que tiene recursos restringidos para financiar las medidas sanitarias, haya anunciado que existen recursos para el pago de la deuda externa”, indicó un comunicado de los líderes de la Conaie.
Por ahora no hablan de movilizaciones, pero Giovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, tras calificar de “indolente” la decisión gubernamental, manifestó que “la próxima semana va a ser crítica”, pues “hay mucha gente que vive del día a día y si no trabaja no come”.
Atarihuana cree que los líderes de las organizaciones sociales han hecho lo suyo al llamar a que se respete el confinamiento para prevenir nuevos contagios. Pero advierte que por lo menos 1,5 millones de personas viven bajo la línea de pobreza y urgen por ayuda como la entrega de kits de alimentos. El MIES realiza esa tarea.
El Ejecutivo ha hecho llamados a unir fuerzas. “El país necesita unidad, no tienen sentido las peleas entre políticos”, reiteró ayer el vicepresidente Otto Sonnenholzner.
El estado de excepción y del toque de queda tienen el respaldo de todas las fuerzas políticas. Pero Patricio Alarcón, del Comité Empresarial, señaló que ya es hora de armar un plan de reactivación económica.
Sonnenholzner anunció que el Gobierno Nacional convocará a un espacio de diálogo como lo ha hecho en otras ocasiones para responder a la crisis. Atarihuana dice que están dispuestos a acudir, “siempre que no sea un diálogo de sordos”.
El líder de Creo, Guillermo Lasso, propuso cinco medidas como ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano, un bono adicional para los salubristas, una prórroga en las planillas de los servicios básicos, incentivos para la contratación y exámenes gratuitos para la detección del covid-19.
La Asamblea Nacional, por su lado, está dispuesta a generar una mesa de convergencia para discutir opciones en medio de la crisis. “No nos sirven de nada ideas sueltas de cada una de las funciones del Estado. Es el momento de poder coordinar”, dijo Héctor Muñoz, de Suma.
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