6 de junio de 2019 21:20

Gobierno dice que la consulta minera es inconstitucional

El juez constitucional Agustín Grijalva instaló este miércoles 5 de junio del 2019 la audiencia pública, relacionada con las actividades mineras. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El juez constitucional Agustín Grijalva instaló este miércoles 5 de junio del 2019 la audiencia pública, relacionada con las actividades mineras. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Andrés García

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La Corte Constitucional (CC) decidió extender hasta mañana, 7 de junio del 2019, la audiencia pública de sustanciación, en la que se trata el pedido de dictamen vinculante para tramitar una consulta popular sobre las actividades mineras en cuatro parroquias del norte del país.

La postergación se tomó porque además de los peticionarios y representantes de los entes gubernamentales convocados, también solicitaron intervenir 63 personas más, con el recurso amicus curiae.

Durante aproximadamente seis horas, las voces que respaldan la actividad extractiva citaron artículos de la Constitución sobre las competencias del Estado central en el tema del manejo de los sectores estratégicos (minería). Mientras que quienes piden que se tramite el dictamen de constitucionalidad alegaron que la consulta popular es uno de los mecanismos de participación que garantiza la Carta Magna.

En los exteriores de la Corte Constitucional se concentraron personas que están a favor y en contra de la minería. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En los exteriores de la Corte Constitucional se concentraron personas que están a favor y en contra de la minería. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


La Procuraduría y el Ministerio de Energía adujeron que si se da paso al dictamen vincu­lante, se sentaría un precedente negativo, pues se trataría de una “reforma tácita” de la Constitución, que ya establece las prohibiciones para la explotación minera en el país.

Wilmer Meneses, procurador común de los comuneros de Jijón y Caamaño, Goaltal (Carchi), Carolina y Lita (Imbabura), argumentó que las actividades extractivas en sus territorios “ocasionarán un grave daño ambiental”, que pondría en riesgos sus vidas.

Meneses, que lidera la iniciativa de consulta, reconoció que estuvo vinculado antes a la minería, pero dijo que fue por “engaños”. Además, se refirió al informe de Contraloría sobre el proyecto minero Cascabel, que se desarrolla en áreas de esas cuatro parroquias.

“Nos dicen que la minería legal no es contaminante. Pero vemos que no es así, van a desa­parecer las comunidades”.

La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre consulta popular para frenar la minería. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


Fernando Benalcázar, ministro de Energía y Minas subrogante, dijo que la propuesta de consulta es “violatoria” al bien común, y señaló que la nueva política minera del Gobierno pondrá énfasis en la sostenibilidad ambiental y social.

Además, el funcionario sostuvo que de darse la prohibición se dejaría vía libre a la minería ilegal, que traería consigo otros delitos que alterarían la seguridad en la zona. Puso como ejemplo lo que ocurre en Buenos Aires, Imbabura.

En los exteriores de la Corte, moradores de las parroquias que solicitan el plebiscito mostraron su rechazo a la explotación minera. A pocos metros, miembros de asociaciones de ingenieros en minas y trabajadores de empresas que realizan esta actividad, pedían que no se diera paso a la consulta.

Jaime Bayas, abogado de los comuneros, señaló que sus defendidos no piden modificaciones al sistema jurídico, sino que se consulte a los pobladores de esas cuatro parroquias sobre el futuro de sus localidades. “Claro que hay derecho a la minería, pero también ellos piden que se respete su derecho a la vida”, manifestó.

José Villota, otro de los comuneros que compareció este miércoles 5 de junio, ante la Corte, dijo que temen que con la explotación minera se afecte a la calidad del agua, y que ello repercuta en las actividades agrícolas. Además, dijo que con la consulta popular se saldaría este tema, que ha producido una “división social y disputas entre las familias”.

Carlos Izquierdo, miembro de la defensa jurídica del Ministerio de Energía, argumentó que el pedido de dictamen tiene falencias de forma y de fondo. Por ejemplo, indicó que no se incluyeron considerandos, y que la pregunta planteada es muy abierta.

Además, el abogado insistió en que si se emite un dictamen favorable, se caería en un “fraude constitucional”, pues se aceptaría que existe una nueva zona prohibida para la minería, transgrediendo el artículo 407 de la Carta Magna, que impide realizar estas actividades en áreas intangibles, zonas protegidas. Recordó que a través del referendo del 2018 también se incluyó a los centros urbanos. “No se puede enmendar la Constitución con una consulta de carácter local, que establecería una nueva categoría de prohibición”.

Marco Proaño, director de defensa de la Procuraduría, insistió en que no se puede decidir a nivel de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) un asunto de interés nacional , cuya competencia es del Gobierno Central.

Agustín Grijalva, juez sustanciador de la Corte, también convocó a los alcaldes de Ibarra, Mira y Espejo para que den sus puntos de vista. Sin embargo, solo acudió el burgomaestre de Mira, Johnny Garrido.

El Alcalde señaló que la parroquia Jijón y Caamaño es una de las más biodiversas del país, además de ser fuente de recursos hídricos para el Carchi. Por ello, se mostró a favor de que los pobladores decidan en las urnas si quieren o no minería.

Esa tesis fue respaldada por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, quien dijo que en caso de haber fallas en la elaboración de la pregunta para el dictamen, la Corte “tendría la facultad de modularla”.

El plazo que tiene la CC para emitir el dictamen, una vez cerrada la audiencia pública, se cumple a mediados de junio. De resultar favorable, los proponentes deberán solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para la recolección de firmas de respaldo.

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