Campesinos arrancan plantas de coca en San Miguel (Colombia), en el 2015. Foto: EFE
El Gobierno colombiano y las FARC acordaron hoy poner en marcha la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el municipio de Briceño, en la región de Antioquía, según un comunicado conjunto.
El acuerdo final es el resultado de las negociaciones que llevan a cabo ambas delegaciones desde mediados de 2015 para poner en marcha el plan piloto de desminado humanitario en una zona conocida como la vereda El Orejón, en el término municipal antioqueño de Briceño. “Esta aproximación conjunta al territorio, a las comunidades y a sus líderes ha abierto la oportunidad de incorporar al proceso de desminado humanitario la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito”, señaló el comunicado conjunto.
La sustitución de los cultivos ilícitos forma parte de las medidas para el “desescalamiento y construcción de confianza” entre ambas partes en las negociaciones para poner fin al conflicto armado que ha durado más de cinco décadas en Colombia.
Los trabajos tendrán el acompañamiento de un grupo compuesto por el Gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además de representantes de las comunidades afectadas.
Una vez realizada la sustitución y la no resiembra se pondrá en marcha un plan de desarrollo de proyectos productivos con el objetivo de “facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores y recolectores”. “El desarrollo de este acuerdo ratifica el compromiso del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito”, afirmaron ambas partes en un comunicado.
Desde finales de 2012, representantes de la guerrilla y del Ejecutivo de Juan Manuel Santos negocian en La Habana poner fin al conflicto armado. Hasta el momento han alcanzado acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de las FARC y lucha conjunta contra el narcotráfico. Otro de los acuerdos es la creación de un sistema de justicia transicional y la atención a las víctimas del conflicto.
Actualmente discuten el último ítem de la agenda, referido al alto el fuego bilateral y definitivo, la deposición de armas por parte de la guerrilla y el mecanismo para refrendar todos los acuerdos, con el objetivo de acabar con la confrontación.