Quito, Reuters
Ecuador dijo el jueves que la petrolera estadounidense Chevron pretende evitar una eventual sentencia desfavorable en un millonario juicio ambiental al solicitar un arbitraje internacional para el caso.
El Gobierno ecuatoriano aseguró que se defenderá con “entereza y solidez jurídica” de las medidas judiciales de la firma.
La segunda mayor petrolera de Estados Unidos pidió en la víspera un arbitraje internacional contra Ecuador, abriendo un nuevo frente en su defensa de una demanda por daños ambientales de 27 000 millones de dólares interpuesta por indígenas ante una corte local.
“Chevron pretende lograr a través de un arbitraje lo que no pudo lograr ni en las cortes ecuatorianas ni en las cortes de Estados Unidos; es decir, una decisión en la que no pueda ser condenada en una sentencia que podría ser dictada en su contra en el juicio”, dijo el procurador Diego García en un comunicado.
“El Estado se defenderá con entereza y solidez jurídica”, agregó García, quien actúa como abogado del Estado ecuatoriano.
La petrolera solicitó el arbitraje argumentando que el sistema judicial de Ecuador “es incapaz de funcionar independientemente de la influencia política”, por lo que Chevron debía buscar alternativas para evitarla.
A inicios de septiembre, la compañía estadounidense agitó las aguas del conflicto judicial al difundir por internet videos de un juez ecuatoriano que habría adelantado su dictamen en el caso y al denunciar una red de sobornos con supuestos funcionarios gubernamentales.
Las autoridades ecuatorianas investigan la acusación, pero han señalado que correspondería a una estrategia de la firma para desviar la atención sobre el histórico juicio que se tramita en una corte secundaria en la región amazónica.
El juez se excusó de seguir en el proceso, pero fue ratificado. “El reclamo ambiental debería ser resuelto por las cortes competentes y entre las partes, no en un arbitraje en el cual los particulares ni siquiera están representados”, concluyó García.
Chevron se ha quejado insistentemente por la interferencia del Gobierno en un caso que se abrió hace 16 años, cuando comunidades indígenas acusaron a Texaco -que Chevron compró en el 2001- de daños ambientales al verter millones de litros de agua con petróleo en la Amazonía.