El presidente Lenín Moreno firmó un nuevo decreto que deja sin efecto el 883 y dispone que se elabore uno nuevo. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Con la decisión de derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, el plan económico que presentó el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre se trastocó.
El Gobierno había presentado seis medidas económicas y 13 propuestas de reformas laborales y tributarias con las que esperaba recibir ingresos netos por USD 2 273 millones.
Uno de los rubros más importantes era el generado con la eliminación del subsidio, que ahorraría a la caja fiscal USD 1 400 millones anuales.
Ahora el equipo económico del Gobierno está revisando el paquete de medidas. La tarde de ayer 14 de octubre del 2019, el Presidente de la República firmó un nuevo decreto que deja sin efecto el 883 y dispone que se elabore uno nuevo.
Las nuevas propuestas que se planteen deberían ayudar a que el Fisco alcance las metas que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para desembolsar los recursos pendientes para este año, que suman USD 500 millones, dice Mauricio Pozo, exministro de Finanzas.
Una de las metas es que el déficit o hueco fiscal del presupuesto al final del año sea de USD 2 000 millones.
Pozo explica que el Gobierno podría sentarse a negociar con el Fondo un ajuste en las fechas para el cumplimiento de las metas y en las formas de alcanzarlas. “Lo que no se podría negociar son los principios acordados, que es poner en orden las cuentas, bajar el gasto o aumentar los ingresos para alcanzar el resultado acordado”.
Por el lado del gasto, una alternativa es focalizar el subsidio para que solo lo reciba el sector agrícola y campesino que utiliza diésel, dice Santiago García, docente de la Universidad Central.
Él propone diseñar un sistema de registro y de cupos, como ocurre en la pesca, aunque reconoce que tomaría tiempo.
Algo similar se intentó a inicios de este año con los taxistas, cuando se redujo el subsidio de la gasolina extra, pero el plan no se concretó.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno podría volver a analizar un incremento de tributos. Un alza del IVA se había discutido antes del 1 de octubre, pero varias bancadas del Legislativo afirmaron que no apoyarían la medida.
Francisco Briones, analista económico, dice que un alza de tributos afectaría al desempeño de la economía. “Se contraería más el consumo y las empresas producirían menos”.
Otra opción para obtener más ingresos en lo que queda del año sería concretar la monetización de activos, que consiste en ceder la administración de bienes públicos al sector privado.
El Ministerio de Finanzas había estimado USD 1 000 millones por monetización de bienes del sector energético y petrolero este año, pero ninguna concesión se ha concretado y eso solo serviría para un año.
El malestar generado por las movilizaciones impulsó al Gobierno a analizar compensaciones adicionales. Una de ellas es un plan agrícola de seis ejes en el que se invertirían USD 50 millones, pero el domingo no se debatió sobre esto. Tampoco sobre un bono de USD 20 mensuales para los trabajadores privados o la revisión de los ajustes anunciados para la burocracia.
Para abordar este último tema y otros contemplados en la reforma laboral, trabajadores y Gobierno entablarán un diálogo con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El encuentro se desarrollará hoy.
Entre las medidas que el Ejecutivo está dispuesto a analizar están la medida de reducción de 30 a 15 los días de vacaciones de los funcionarios públicos; así como la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales.
Mesías Tatamuez, representante del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), manifestó que su primer pedido para el Gobierno es que archive su propuesta de reforma y en conjunto elaboren una nueva. El FUT sostiene que las propuestas del Ejecutivo son inconstitucionales.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechaza la reducción de vacaciones, así como con el aporte de un día de remuneración de los empleados de empresas públicas.
Richard Gómez, vicepresidente de la CUT, acotó que están en contra del contrato por tiempo predeterminado, ya que es similar al extinto contrato a tiempo fijo. “En el pasado hubo excesos por parte de empleadores con este tipo de contratación, lo cual no brindaba estabilidad al trabajador”.
El gremio está de acuerdo con el bono mensual de USD 20 para compensar una eventual focalización de subsidios.
En contexto
El Gobierno anunció el 1 octubre pasado un grupo de medidas económicas y reformas legales para alcanzar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La revisión de la eliminación del subsidio replantea los escenarios fiscales.