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Gobierno acuerda finalizar contratos con petroleras CGC y Burlington

Quito, Reuters

Ecuador acordó finalizar los contratos de explotación petrolera con una empresa argentina y otra estadounidense porque no lograron operar las concesiones debido a la oposición de grupos indígenas, según hoy reveló un documento al que accedió Reuters.

La argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que tenía un contrato por el bloque amazónico 23, y la estadounidense Burlington, por el 24, no lograron desarrollar sus concesiones y resolvieron terminar de manera amigable sus contratos, indicó el texto. “En diciembre se firmó una acta de entendimiento entre Petroecuador y CGC acordando la terminación del contrato de mutuo acuerdo”, dijo Jorge Regalado, jefe de la unidad de contratos de la firma estatal, en el documento.

Ecuador, que actualmente ejerce la presidencia rotativa de la OPEP, había cedido a CGC en 1996 el bloque de unas 200 000 hectáreas de extensión en la provincia amazónica de Pastaza. Un ejecutivo de CGC en Buenos Aires ratificó el acta de acuerdo con Petroecuador, sin dar más detalles.

Mientras que la estadounidense Burlington, socia de ConocoPhillips, envió en diciembre una carta a la estatal Petroecuador solicitando negociar la terminación de su acuerdo para la explotación de recursos. “El presidente ejecutivo de Petroecuador dispuso la conformación de un grupo negociador”, agregó Regalado.

Burlington no tiene representantes en Ecuador. Ambas compañías no pudieron desarrollar sus planes de inversión y operación debido a la oposición de comunidades indígenas, por lo que apelaron a un instrumento legal para terminar los convenios. Durante más de una década el grupo indígena Sarayacu, que habita en la zona de influencia de los dos yacimientos, se ha opuesto a la actividad extractiva generando enfrentamientos e imposibilitando el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos.

Las comunidades indígenas usualmente cuestionan a la actividad petrolera en sus territorios, pese a la política que desarrolla el presidente Rafael Correa en el estratégico sector.

Correa impulsa una nueva política petrolera que busca migrar a nuevos acuerdos de prestación de servicios, para obtener mayores recursos que beneficiarán a las comunidades vinculadas con la actividad. Los nuevos contratos, según las expectativas del Gobierno, deberán estar listos hasta marzo.

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