Reds. Judicial y Política
Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, informó ayer que “el Gobierno, como el que más, respeta los pronunciamientos de la Contraloría y, por lo tanto, sus observaciones deben ser acatadas, así como por las autoridades judiciales y de la Fiscalía, que tendrán que iniciar las investigaciones”.
Así respondió al informe emitido anteayer por la Contraloría, el cual determinó que se hallaron 31 anomalías en la firma de contratos entre instituciones del Estado y las empresas vinculadas a Fabricio Correa: se violó la Ley de Contratación Pública.
“No he revisado el texto de la Contraloría, pero aparentemente establece irregularidades administrativas que deben ser respondidas por los funcionarios responsables”, dijo Mera.
Silvia Salgado, de A. País y presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sostuvo que se analizará el informe de la Contraloría. “Se creará un grupo para que determine si las auditorías fueron bien hechas”.
“En el informe de Contraloría se determinaron responsabilidades civiles y administrativas. Debemos analizar si se pueden iniciar juicios políticos a los funcionarios”, afirmó Salgado.
No obstante, según Marcelo Merlo, ex contralor, con la nueva Ley de Contratación Pública se abrió la posibilidad de que los funcionarios públicos, que fueron señalados por la Contraloría, apelen a los cuestionamientos. Esto significaría que los informes no son definitivos.
“Con la nueva Ley se restaron muchas capacidades y competencias a la Contraloría”, manifestó Merlo a este Diario.
Pero para Luis Almeida, asambleísta de Sociedad Patriótica, el contralor, Carlos Pólit, debía determinar en su informe no solo responsabilidades civiles, sino también penales, por lo que pedirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que se le inicie un juicio político.