Redacción Negocios
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El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, aseguró ayer que las empresas estatales nacionales y extranjeras tendrán la prioridad para la firma de nuevos contratos de explotación petrolera, una vez que se aprueben las reformas a la Ley de Hidrocarburos, presentadas en esta semana.
20% de los ingresos brutos deberán entregar las empresas petroleras a las arcas del
Estado.
Pinto, quien ayer hizo oficial el cambio de nombre del ex Ministerio de Minas y Petróleos, explicó que el proyecto de Ley deja claras las diferencias entre la contratación con el sector privado y con empresas estatales nacionales y de otros países.
De hecho, el proyecto de Ley permite contratar con las empresas estatales sin un proceso de licitación de por medio.
De hecho, este tipo de contratación ya se ha puesto en práctica sin que se hayan aprobado las reformas a la Ley. El Gobierno ha hecho uso de los convenios de alianzas estratégicas para entregar contratos petroleros y eléctricos a empresas estatales de Venezuela, Chile, Argentina, China…
Pinto explicó además que, según las reformas, Petroecuador ya no firmará ni administrará los contratos, sino que lo hará el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Con esto, explica, la estatal ecuatoriana se podrá concentrar en el manejo y explotación de los campos.
Otra modificación es que los contratos se podrán adaptar al tipo de carburante, es decir, que si la empresa inicialmente firmó para explorar o extraer crudo, y también encuentra gas en el yacimiento, eso se agregará a los contratos con el Estado.
También hizo énfasis en que, de aprobarse la Ley, todos los contratos que suscriba el Ministerio serán de prestación de servicios, y que todas las empresas que quieran operar en Ecuador tendrán que firmar bajo esa modalidad.
Otro mecanismo de trabajo será la conformación de empresas mixtas que, según el Ministro, se constituirán de acuerdo con lo que establece la Ley de Empresas Públicas, próxima a aprobarse.
El proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo plantea que cada compañía deberá entregar el 20% de sus ingresos brutos por la venta del petróleo al Estado.
Pinto ilustró esta propuesta con un ejemplo: “Si se obtienen USD 100 por la venta de cierta cantidad de crudo, la empresa deberá entregar USD 20 al Fisco. De los USD 80 restantes, el Estado pagará a la empresa una tasa (aún por definirse) por cada barril y el resto se destinará a las arcas fiscales”.
Con esto, el Gobierno busca llevar a la práctica el principio constitucional de que el petróleo pertenece en su totalidad al Estado. Según Pinto, estas reformas no ahuyentarán a la inversión en el sector, porque “la actividad petrolera es de riesgo y las compañías en todo el mundo lo saben”.
El Gobierno aspira que el debate sobre la Ley se extienda hasta octubre próximo, y que en noviembre sea remitida la versión final al Poder Legislativo.
La meta del Ministerio es que el documento se apruebe a finales de febrero o principios de marzo de 2010.