9 de abril de 2018 00:00

USD 3,7 millones de glosas, por concursos de méritos y oposición

FOTO:  VICENTE COSTALES / EL COMERCIO Los postulantes rindieron las pruebas en el salón principal de la Flacso para el concurso de Fiscal en el 2011, en Quito.

Los postulantes rindieron las pruebas en el salón principal de la Flacso para el concurso de Fiscal en el 2011, en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Las irregularidades en los procesos de selección de fiscales y personal administrativo entre 2010 y 2015 se mantuvieron en silencio por un año y ocho meses. El examen especial de la Contraloría se entregó el 12 de julio del 2016, a la Fiscalía, y revela falencias en siete concursos efectuados con el Consejo de la Judicatura.

Tras la auditoría se fijaron responsabilidades civiles (glosas) por USD 3,7 millones y multas por USD 45 000, en contra de nueve funcionarios, pero la Contraloría no informó en qué estado están actualmente estas sanciones junto con órdenes de destituciones.

El informe DAAC-070-2016 de 88 páginas señala que se designaron postulantes con puntajes inferiores y se viabilizaron con reformas. Se dieron nombramientos de cargos a los que no postularon; se mantuvo a fiscales con nombramientos provisionales pese a que había candidatos.

Estas revelaciones tuvieron eco en el concurso de fiscales provinciales, que estaba llevando el Consejo de la Judicatura en los últimos días.

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio ordenaron la suspensión de los concursos el miércoles pasado. “Se acabaron los concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada”, increpó su presidente, Julio César Trujillo.

En esta auditoría de la época del excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, se examinaron USD 436,3 millones que la Fiscalía invirtió en el proceso de selección de personal y remuneraciones.

El período analizado corresponde a los exfiscales Washing­ton Pesántez y Galo Chiriboga. El primero indicó a este Diario que en 30 concursos que hizo no tuvo dificultades con la Contraloría y nunca realizó con la Judicatura.

Recordó que alguna vez observaron que se eligió al segundo en vez del primer postulante, pero eso obedeció a que se encontró que tenía procesos penales pendientes, incluso, uno tenía prontuario. “No he sido multado ni sancionado”.

A Chiriboga no se lo pudo localizar vía telefónica. En el informe establece que del 2012 al 2014, él y su fiscal subrogante suscribieron resoluciones individuales para que 26 asesores sean contratados por servicios ocasionales en bandas media y alta y no en la banda base, con lo cual se generó una diferencia de USD 1 millón.

Para esto se hizo una reforma al acuerdo 122-SE-FGE-2008, del 4 de diciembre del 2008, que fijaba la escala de remuneraciones con bandas.

El exfiscal argumentó a los auditores que según el Código de la Función Judicial esto estaba dentro de sus competencias para funcionar eficientemente. Para el ente de control, el art. 280 del mismo Código señala que le correspondía al director general del Consejo de la Judicatura fijar remuneraciones de servidores de las carreras judicial, fiscal y defensoría pública y no al fiscal.

El resto de hallazgos está relacionado con siete concursos. De la revisión del primer concurso (07-2010) se determinó que se designó a 75 aspirantes a fiscal provincial, agentes y asistentes sin considerar a los de mejores notas.

Por ejemplo: en Santa Elena se otorgaron nombramientos provisional y definitivo como fiscal provincial al postulante que se ubicó en tercer puesto, con 69 puntos, cuando otros obtuvieron 75 y 71. En Cotopaxi ocurrió lo mismo con el nombramiento de agentes, y en Azuay pasó con el nombramiento de asistentes de fiscal. El exdirector de Talento Humano de la Fiscalía señaló que la designación final estuvo en manos del Fiscal General.

Un año después, en el 2011, se convocó a otro concurso y se designó a 10 con notas inferiores. Un ejemplo: al postulante que estuvo en tercer lugar para la única vacante de agente fiscal en Sto. Domingo se le nombró agente fiscal de adolescentes. Quien quedó en segundo lugar, en cambio, fue designado agente fiscal en Manabí.

En un tercer proceso se observó que el exdirector general de la Judicatura no objetó la solicitud de reforma al instructivo de disminución del puntaje presentada por el exdirector de Talento Humano de la Fiscalía. Esto permitió que aspirantes que no cumplían con la valoración requerida (70% del puntaje), sigan en el proceso y tengan nombramientos.

El exdirector de la Judicatura indicó que las atribuciones para este concurso se delegaron a la Fiscalía, pero la Contraloría no admitió pues debían realizar un control previo y verificar la legalidad de la petición.

El 5 de abril, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura desde el 2013, informó que no se establecieron responsabilidades de ningún funcionario de la entidad.

En los siguientes concursos se observó que se entregaron nombramientos a personas que no estaban en el banco de elegibles y tenían puntajes inferiores; también se les designaba a fiscalías distintas a las que postularon, sin constar autorizaciones previas.

Otros hallazgos: en el 2014 y el 2015 se contrató a ocho personas por servicios ocasionales y nombramientos provisionales sin firmar contratos.

Se contrató un seguro de vida para todo el personal de Fiscalía, sin justificar qué servidores cumplían actividades de peligro, lo cual significó USD 1,97 millones. El exfiscal dijo al ente de control que tenía libertad para contratar estos seguros, según normas laborales.

Este Diario envió consultas sobre el estado de las sanciones a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura, el 6 de abril. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los funcionarios a cargo de la gestión

Washington Pesántez
 Fue fiscal general desde noviembre del 2007 hasta julio del 2011.

Galo Chiriboga
 Asumió la Fiscalía desde julio del 2011 hasta mayo del 2017.

Gustavo Jalkh
 Es presidente del Consejo de la Judicatura desde enero del 2013.

En Contexto

Un informe de Contraloría del 2016, en el que se observan los procesos de selección de fiscales y personal de la Fiscalía, entre 2010 y 2015, provocó que el Consejo de Participación Transitorio ordenara la suspensión de un concurso actual de la Judicatura.

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