4 de September de 2009 00:00

Un giro al acuerdo antidrogas con EE.UU.

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

Ecuador  y Estados Unidos reorientaron  su eje de colaboración en la lucha antidrogas. Hasta antes del 25 de agosto pasado, la meta era  garantizar el incremento anual de decomisos de droga y de detenidos  a cambio de recursos.   
 


Medidas de prevención
EE.UU. se comprometió  a pagar los gastos de transporte, alimentación y materiales educativos para la formación y entrenamiento de los policías que conformen las unidades.
Cuando EE.UU. tenga  que desarrollar un operativo en territorio ecuatoriano, será la Policía Nacional, con sus unidades especiales, la que lo efectúe. 
Ambos Gobierno  impulsarán  programas complementarios para prevenir el consumo de drogas en Ecuador. Así se busca reducir la demanda.

Esa política quedó oficializada en un acuerdo que se firmó en 2003 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y que era  una actualización de un  tratado suscrito  en 2002. En ese documento, Ecuador se comprometía a aumentar cada año el 10% en capturas de drogas; el 15%  de las  incautaciones de armas, municiones y químicos ilícitos,  y el 12% de personas detenidas por tráfico de drogas y delitos conexos.
    
Las consecuencias fueron positivas y negativas. Por un lado, Ecuador es uno de los países con mejores resultados en el control antinarcóticos. Por ejemplo,  desde  2005 hasta septiembre de este año  se confiscaron 178,9 toneladas de estupefacientes.
 
Sin embargo, las cárceles ecuatorianas se llenaron de personas acusadas de tráfico de drogas. Según la Defensoría Pública, era el 60% de detenidos en el país. “La Policía cometió excesos y capturó a pequeños comerciantes y consumidores para justificar los acuerdos”, sostuvo Ernesto Pazmiño, director de la Defensoría. 
 
Desde su llegada al poder,   Rafael Correa hizo anuncios de que cambiaría la estrategia antinarcóticos con EE.UU. Incluso, suspendió todos los acuerdos en febrero pasado, luego de que se denunció la injerencia de la CIA en las unidades de Inteligencia y de Antinarcóticos de la Policía.
  
Esta decisión llevó a la mesa de negociación a los representantes ecuatorianos y estadounidenses. Ecuador iba con la misión de  no perder esa ayuda, pero transparentar todos los acuerdos y llegar a una reorientación de ellos. 

La semana pasada, se suscribieron  tres convenios y son públicos: Programa de Unidades de Investigaciones Anticontrabando, otro de  Investigaciones Sensitivas y, el más importante, una  enmienda al Convenio de Cooperación para controlar la Producción de Drogas ilegales que se firmó en 2003.
  
El nuevo acuerdo pone énfasis en la prevención del consumo  de drogas y en el  control del lavado de activos. Martha Youth, vocera de la Embajada de Estados Unidos, aseguró que se tomó en cuenta el  blanqueo de dinero porque es  una preocupación mundial.
 
También, en  otros delitos como el tráfico de emigrantes y trata de personas, que  han aumentado  en los últimos años en el país.
Youth  contó que la negociación forma parte de un proceso normal, porque cada ocasión que se realiza una enmienda las partes proponen reformas y sistemas de evaluación. Por eso  en este tratado, aunque no se habla específicamente de cifras, se menciona el mejoramiento del control antidrogas, del lavado de activo, del tráfico de personas y de la trata. Esta evaluación también será anual y ambas partes “definirán los parámetros y metodología de cumplimiento de los proyectos”. 

Domingo Paredes, titular   del  Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes  (Consep), está de conforme con los cambios.  Antes estos convenios   se daban “tras bastidores, bajo el principio de que se trata de un tema sensible para la seguridad...
Pero esto daba pie a fallas en el control de recursos y objetivos”.

Ahora,  agrega Paredes,  todas las personas pueden acceder a los documentos y revisarlos. “Aunque hay que entender que habrá información, como los nombres de los agentes,  que no se puede revelar para no delatarlos”.

Dentro de los nuevos tratados,  Estados Unidos    se compromete a entregar ayuda económica   para unidades policiales de la Policía y de las FF.AA. Además,  colaborará en  la formación y entrenamiento del personal con instructores y con material. “Esto es muy  importante, porque los recursos que se entregan a la Policía ecuatoriana son limitados”, dice Joel Loaiza, director  de Antinarcóticos de la Policía Nacional. 

Como contraparte, Ecuador tiene que garantizar que el personal que integre esas unidades sea idóneo. En este plan también se acordó crear dos nuevos equipos élite  de la Policía:  la Unidad Anticontrabando  y Tráfico; y la de Investigaciones Sensitivas. 
 
Ellas deberán contar con personal capacitado.  Un  requisito es una prueba de polígrafo que demuestre la idoneidad y confiabilidad del candidato para el manejo seguro de la información.

También se hará un  análisis de consumo de drogas y  un estudio y verificación de antecedentes;  exigirá además que las postulaciones sean voluntarias y que los aspirantes firmen  una declaración juramentada de sus bienes y estado financiero.

La Policía será la encargada de identificar y calificar a los candidatos que serán parte de las unidades especiales de  investigación. Loaiza cree que estas definiciones son un buen síntoma para el combate al narcotráfico, pues “se evidencia que ambos Gobierno quieren evitar que malos elementos integren las filas y se involucren con actos de corrupción”.

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