27 de abril de 2017 00:00

Gedeon contactó a exministro por la obra Toachi Pilatón

En diciembre del 2007, seis meses después de que Mosquera asumiera el Ministerio, Odebrecht ganó la licitación para construir la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En diciembre del 2007, seis meses después de que Mosquera asumiera el Ministerio, Odebrecht ganó la licitación para construir la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

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Viernes 10 de octubre del 2008. Eduardo Gedeon, entonces director jurídico de Odebrecht para América Latina, cumplía su decimosexto día confinado en la Embajada de Brasil, en Quito. Eran sus últimas horas en el país.

El abogado, que vivía entre Quito y Lima, fue uno de los directivos de la firma brasileña a los que se les prohibió abandonar el Ecuador, tras detectarse fallas en la hidroeléctrica San Francisco, obra a cargo de la constructora.

Eso llevó a Gedeon y Fernando Bessa, otro alto ejecutivo de la firma, a buscar refugio en la oficina diplomática.

Eran los primeros 22 meses de Gobierno y Rafael Correa, a través de un Decreto firmado el 23 de septiembre del 2008, disponía esa medida en contra de los funcionarios.

¿La razón? Garantizar que la firma respondiera por las irregularidades halladas en el proyecto hidroeléctrico.

Dos semanas después, el 9 de octubre del 2008, se dio una nueva reacción del Jefe de Estado: dispuso revocar las visas de los directivos, por lo que tuvieron que abandonar el país de inmediato.

Desde entonces, de Gedeon no se supo nada, hasta el 17 de febrero de este año. Ese día, Rodrigo Tacla Durán, abogado de Odebrecht capturado en España, respondió las 19 preguntas que la Fiscalía de Ecuador envió a través de una asistencia penal internacional.

Su delación consta en seis páginas. En estas, el sospechoso menciona a Gedeon y dice que era el enlace directo entre los altos ejecutivos que trabajaban en Brasil y los funcionarios ecuatorianos.

De hecho, este director jurídico fue el que mantuvo los primeros contactos con Alecksey Mosquera, ministro de Energía entre junio del 2007 y julio del 2009; y desde el sábado pasado procesado por posible lavado de activos.

En diciembre del 2007, seis meses después de que Mosquera asumiera el Ministerio, Odebrecht ganó la licitación para construir la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Precisamente, en la delación, Tacla advierte que el exfuncionario recibió USD 1 millón por “agilizar los trámites” relacionados con esa obra. Así lo relató la Fiscalía en la audiencia del sábado.

La misma figura penal de lavado se utilizó para procesar al empresario Marcelo Endara. A él se lo indaga por haber prestado su nombre para recibir el millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). Por esa colaboración se llevó USD 80 000 de comisión, según la confesión judicial de Tacla.

En la audiencia, la Fiscalía presentó como elemento de prueba los procesos precontractuales y contractuales del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. A esa evidencia se sumaron la asistencia penal de España, las transferencias hechas a la BPA, y el parte policial de la captura de los sospechosos.

Pero el 25 de abril del 2017, Rafael Correa dijo que el pago al exministro fue un acuerdo “entre privados”. Y desestimó que haya sido por Toachi-Pilatón.

Mientras tanto, de Gedeon se sabe que está detenido en Brasil por “unos asuntos técnicos de una obra relacionada con una hidroeléctrica en Ecuador”. Ese dato aparece en la delación de Tacla.

Y añade que “por ese asunto Ecuador suspendió los pagos a Odebrecht y esto fue comentado por la empresa”.

Este Diario conoció que la Fiscalía rastreará a Gedeon. De hecho, no se descarta que la entidad pida una asistencia penal internacional a Brasil y así tomar su testimonio.

El fiscal general Galo Chiriboga ya adelantó el miércoles que enviarán a ese país un cuestionario para obtener la versión de Luiz Eduardo Rocha, otro exalto ejecutivo de la empresa brasileña que es mencionado por Tacla. De la delación, se conoce que Rocha asistió a la reunión que mantuvieron el exministro Mosquera, Andrés Sanguinetti, de la BPA, y Tacla, en Barcelona, España. Allí se concretó el pagó de USD 1 millón.

Rocha dirigió la División de Operaciones Estructuradas, como se denominó a la unidad que se encargó de ejecutar los sobornos a funcionarios de América Latina, de acuerdo con la investigación de Estados Unidos.

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