25 de septiembre de 2018 00:00

Más gasto en salarios y menos en obras

El Gobierno anterior construyó el puente que une a Bahía de Caráquez y San Vicente. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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Un análisis del gasto público en América Latina y el Caribe concluye que los gobiernos de la región deben realizar recortes eficientes para no sacrificar la inversión pública, necesaria para asegurar el crecimiento futuro.

El documento ‘Mejor Gasto para Mejores Vidas: Cómo Pueden América Latina y el Caribe Hacer Más con Menos’, publicado el lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detalla que en 1980 los países de la región tenían un promedio de USD 701 en gastos de capital o de inversión pública per cápita. Actualmente, el monto se ubica en USD 735.

Es decir, solo creció en promedio un 5%, mientras que en todas las otras regiones esta asignación registró un aumento de más del 50%.

No obstante, el gasto corriente en América Latina y el Caribe -que engloba sueldos del sector público, subsidios, intereses de deuda, gastos para el mantenimiento de las instalaciones estatales y otros- creció un 72% y pasó de USD 1 687 per cápita a USD 2 905 en ese período.

El estudio se hizo con datos cortados incluso al 2016.

Aunque Ecuador ha anunciado desde el año pasado un plan de recorte del gasto corriente, el mayor ajuste se ha centrado en obra pública.

Según datos del Ministerio de Finanzas, el gasto de inversión ejecutado durante el 2017 fue de USD 8 642 millones, mientras que para este año se espera que este egreso se reduzca a USD 7 736 millones.

El estudio del multilateral señala que la merma de la inversión refleja que los gobiernos han tenido “una decisión consciente para priorizar los gastos actuales o coyunturales por encima de las inversiones para construir el futuro”.

El BID advierte, además, que los ajustes mal planificados, “como en el caso de las grandes caídas de la inversión pública, podrían poner en peligro las perspectivas de crecimiento de la región”.

Para Pablo Dávalos, docente de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), el intensivo proceso de reducción de inversión que se registra en el país desde el 2017, está pasando factura principalmente a las cifras de empleo. “Menos obras generan menos empleo, también se registra un deterioro de las obras ya existentes y una desa­celeración de la economía en general”, advierte.

Más gasto en salarios y menos obras

En una economía desacelerada y con menos consumo, añade Dávalos, será complicado que la inversión privada llegue al país para compensar el espacio que está dejando la merma de inversión estatal.

Pero el Gobierno anunció, la semana pasada, que este año espera alrededor de USD 2 500 millones de inversión de 80 empresas y 995 millones de inversión extranjera directa, gracias a las reformas e incentivos de la Ley de Fomento, que rige desde el 21 de agosto.

Mientras, Ecuador presupuestó este año USD 20 404 millones en gastos corrientes, más que en el 2017 cuando fueron 18 682 millones.

Rubros como salarios y el monto que el Gobierno paga por subsidios a los combustibles fueron los que más empujaron al alza el monto. Sin embargo el Gobierno anunció, en abril y agosto de este año, planes de optimización de estos egresos, que podrían alcanzar los USD 1 000 millones al año.

Según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, el recorte en gasto corriente, por ejemplo por el lado de los salarios del sector público, derivará en menor consumo y también tendrá un impacto en la economía.

El informe del multilateral incluye a Ecuador entre los países con mayor gasto público (más del 35% de su PIB) y lo destaca como uno de los países en los que se registra mayor gasto en compras públicas.

El estudio menciona a este rubro como una de las variables que permiten identificar cuándo las asignaciones no son eficientes o inteligentes.

Detalla, por ejemplo, que la ineficiencia en las adquisiciones se puede medir mediante la diferencia entre los precios de mercado y los de compra de diferentes bienes y servicios.

El Gobierno propuso el 21 de agosto pasado varias medidas para alcanzar mayor eficiencia en compras públicas con las que busca ahorrar hasta unos USD 400 millones.

Entre las acciones está la de restringir el uso del régimen de contratación especial. Según el Gobierno, entre el 2013 y 2017, un 73% de las compras fueron hechas en primera oferta “abusando del régimen especial”. El plan, además, propone ampliar la participación y concurrencia en el proceso precontractual, para tener precios más competitivos.

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