Edison Barrera, superintendente de la Finca bananera San Alberto, en Milagro, cuenta que ocho personas ingresaron a robar equipos y maniataron a tres empleados. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
En Candilejo hay temor. En este recinto que aparece en el mapa del cantón Salitre, el robo de ganado se redujo en los últimos años. Pero los vecinos no se sienten tranquilos.
Hace dos meses, en la hacienda Destino, se reunieron 30 personas y formaron la Asociación de Ganaderos y Agricultores que lleva el nombre del lugar. Es un grupo de pequeños productores que cree que la unión es una forma efectiva para defenderse.
Un camino lastrado de 5 km conecta al recinto con la cabecera cantonal considerada la Capital Montuvia del Ecuador. No tiene más de 500 familias y en los costados de la vía hay extensas zonas de pastizales para el ganado y arrozales. La población vive de eso.
“El sistema de agrupación es una forma de apoyo”. Lo dicen Diómedes Moncada y sus cuatro compañeros reunidos en Destino. Cuenta que si a ellos se les roban “cinco vaquitas” pierden su vida. Los que están en la asociación son dueños de fincas de entre 13 y 40 hectáreas y un promedio de entre 10 y 15 cabezas de ganado.
Joffre Herrera afirma que desde el 2012 la agrupación de ganaderos y agricultores creció en Salitre (Guayas). Ahora hay 55. La prohibición de portar armas los dejó en la indefensión y es una de las razones que esgrimen para buscar formas de autodefensa.
Si alguno de los compañeros necesita ayuda se comunican, se recogen en motos o caballos para ir a la hacienda. “Los apretamos y así nos den bala nos defendemos”.
Según el Ministerio del Interior, el abigeato (robo de ganado) se ha reducido 11,1% este año. Entre enero y noviembre se registraron 1 984 casos y el 2017 en el mismo período, 2 231.
A través de la Unidad de Investigación Contra el Abigeato se han ejecutado este año cinco operativos contra el crimen organizado, según Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Interna. Se desarticuló a 12 bandas y se detuvo a 93 personas.
Para los ganaderos, los datos oficiales solo reflejan el 15% de los casos. Muchos robos no se denuncian por temor a represalias de las bandas organizadas que operan en las zonas.
Francisco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, señala que el sector agropecuario atraviesa una “época oscura” por la inseguridad. Las pocas veces que un abigeo es detenido es liberado sin que pague por el delito, dice.
El gremio pide al Gobierno que reforme la normativa para la tenencia y porte de armas. “No son bombas ni metralletas. La gente piensa que vamos a armar una guerrilla; es que la gente en el campo necesita algo más que un perro que ladre cuando llega la oscuridad”.
Alonso Torres, José Ordóñez, Renso Ruiz, Joffre Herrera y Diómedes Moncada son integrantes de la Asociación Agrícola y Ganadera Destino, ubicada en Salitre (Guayas). Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
La Finca bananera San Alberto, en Milagro, fue atacada una noche por hombres armados, maniataron a tres empleados y robaron equipos.
La resolución 2017-349 AD del Comando Conjunto de las FF.AA. ratifica la prohibición del porte de armas para las personas naturales, vigente desde el 2011. Para el caso de los ganaderos y camaroneros se autoriza a los Centros de Control de Armas tramitar el registro y permiso para la tenencia en la jurisdicción cantonal y provincial.
La persona que tenga armas de fuego sin autorización será sancionada con cárcel de seis meses a un año, según el COIP.
El debate sobre el uso de armas en la zona rural se reactivó el mes pasado, a raíz de un operativo en la hacienda del ganadero Vinicio Arteaga, en Santo Domingo. Él fue detenido cuando encontraron una pistola, un rifle, tres revólveres, una escopeta y 37 municiones, según el reporte policial. Pero dice que los agentes actuaron pese a que demostró que las armas fueron adquiridas por sugerencia de la Policía tras un intento de secuestro y asesinato que sufrió en 2001.
Juan Zambrano, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, pide que les extiendan nuevos permisos y se flexibilicen los trámites. Solo 600 de 1 000 agremiados tienen permisos vigentes.
Para José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), la normativa debe estar acorde con la realidad de cada sector. “El porte, como está autorizado, no sirve de nada”. Los camaroneros deben trasladar insumos, larvas y la cosecha entre diferentes zonas. Y si se movilizan entre El Oro y Guayas el permiso ya no es válido.
El Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí son las zonas más inseguras. La CNA calcula los robos en USD 1,1 millones; y 31,1 millones de gasto en seguridad, que también dice que son pérdidas.
Según Camposano, las bandas que operan “son miembros del crimen organizado”. Las empresas de seguridad de los camaroneros solo pueden llevar armamento mediano, pero “nos atacan con fusiles”.
La Armada tiene un sistema de cinco rutas en el Golfo. Según Juan Martín Liger, capitán del Puerto de Guayaquil, desde enero se activaron
1 558 pedidos de seguridad y en ningún caso hubo asaltos. También el Cuerpo de Guardacostas brindó protección a 1 247 barcazas en el Golfo.
Los camaroneros trabajan en un paquete de reformas. “Es momento que permitan de forma responsable que el ciudadano, en este caso el camaronero, ganadero, agricultor, pueda acceder a un arma”.
La ministra del Interior, María Paula Romo, ratificó que en el país hay una política que restringe el uso de armas y que ha permitido bajar los índices de delitos. Señaló que hay casos de excepción para el sector camaronero y ganadero y que deben cumplir las normas vigentes. “No se puede comprar armas ni municiones en una tienda ni supermercado, ese no es el modelo en el país”.