Los expresidentes Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram acompañaron este viernes a Galo Lara en la audiencia en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Galo Lara dejó este viernes, 3 de agosto del 2018, el Centro Regional de Privación de Libertad de la Zona 8. Condenado a 10 años de prisión, por un triple asesinato en el cantón Quinsaloma (en Los Ríos), salió de la cárcel tras haber sido acogida su solicitud de prelibertad, por haber cumplido el 41% de la pena interpuesta.
La decisión se tomó en 20 minutos en la sala 303 de la Unidad Penal Norte 1-Florida, en el noroeste de Guayaquil.
El juez José López leyó la resolución y generó el júbilo de quienes acompañaban al exasambleísta riosense. En la audiencia estuvieron los expresidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez; también los exlegisladores Lourdes Tibán y Gilmar Gutiérrez.
Pero a Lara, de 50 años, se le dictaron medidas sustitutivas y debe presentarse periódicamente ante un juez. Además, para salir del país deberá pedir una autorización previa del juez, hasta que culmine la totalidad de su pena. En prisión estuvo 4 años, un mes y 23 días.
El penalista Gustavo Medina señaló que la prelibertad para Lara es válida. Fue sentenciado con el anterior Código Penal, que establecía esa posibilidad a quienes hayan cumplido el 40% de la condena.
“(El beneficio) está en el libro tercero del anterior Código Penal. Ahí aparecen todas las disposiciones y se aplica en todos los casos, cuando se ha cumplido ciertas condiciones”, explicó Medina.
Esta medida judicial -dice el jurista- se aplica incluso cuando el procesado esté involucrado en crímenes, como es este caso, ocurrido en el 2011.
Ese año se registró un crimen en la finca María José, del recinto Balcerío, en Quinsaloma, donde fue asesinada una pareja de esposos y su hijo menor de edad. Los tres fueron atacados con armas cortopunzantes. La mujer fue agredida sexualmente y el niño, degollado. Los cadáveres fueron lanzados a un río y la vivienda de la familia fue incendiada.
Dos de los arrestados reconocieron ser sicarios y dijeron que habrían sido contratados por Carolina Llanos, prima de la víctima, y pareja de Lara.
En el 2012, los dos fueron acusados por los familiares de las víctimas como autores intelectuales del crimen y fueron sentenciados en septiembre del 2013.
Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, refirió que en el caso de Lara se comprobó su buena conducta y colaboración activa en la cárcel, requisitos para acogerse al beneficio. Además, por ello se encontraba en un pabellón de baja seguridad.
Sofía Espín, legisladora de Revolución Ciudadana, criticó el beneficio judicial. “Ha quedado demostrado que el reparto del país no solo es económico sino también judicial. Nuestra solidaridad con las familias afectadas, quienes tendrán que sufrir el dolor”.
Cuando Lara fue condenado a 10 años, los parientes de las víctimas expresaron su satisfacción por el fallo de la Corte Nacional de Justicia. En ese entonces, María Avendaño, madre de una de las víctimas, dijo sentirse satisfecha y criticó a la defensa de Lara, que consideró que el caso fue tratado como un tema político. “Estos son crímenes que han ocurrido, no es política”, sostuvo.
En el 2014, Avendaño dijo ser víctima de amenazas y que una persona le llamó por teléfono a intimidarla. Ella no pensó que la denuncia por la muerte de sus familiares le traería estos problemas. Recuerda que tras el ataque violento puso la denuncia, pero no acusó a nadie.
Hasta la tarde de este viernes, los familiares no se pronunciaban sobre la liberación de Lara.
El fallo a favor del exlegislador se conoció a las 09:00 y la salida de la cárcel se concretó a las 13:45. Silvio Henríquez, abogado del exparlamentario, comentó que uno de los argumentos que se sumó al pedido de prelibertad fue que la Corte desechó el testimonio del “testigo estrella” de la Fiscalía.
“La sala que lo absolvió señaló que no se puede tomar en cuenta este testimonio, por cuanto demuestra odiosidad en contra del procesado Tito Galo Lara Yépez y de su conviviente”, sostuvo.
Henríquez detalló que también se presentó que uno de los testigos, que fue un agente policial, registró dos versiones en su testimonio, lo cual a su criterio fue incongruente para ser considerado en las investigaciones.
“En su primera versión, el señor dice que una de las víctimas le habría prestado un dinero para comprar caballos apache, pero en ningún momento se refirió a Galo Lara y Carolina Llanos; y en nueva versión dice que el difunto le había conversado que tenía problemas con Carolina Llanos y con Galo Lara y que lo habían amenazado de muerte”.
El penalista Medina recordó que el conceder la prelibertad no es nuevo. En ese marco, a inicios del mes pasado se otorgó ese beneficio a dos expolicías que fueron a prisión por los hechos ocurridos el 30-S.
Ellos fueron sentenciados por el delito de magnicidio y obstrucción de servicios públicos y deberán presentarse semanalmente ante la justicia, mientras terminan su pena.
Lara tuvo como abogado a Juan Vizueta, actual director del Consejo de la Judicatura transitorio. El 18 de julio, él reconoció que acompañó el proceso de Lara, pero aclaró que en su nuevo cargo evitaría empañar su gestión con sus actividades privadas.
El actual abogado afirmó que ahora el objetivo de la defensa es presentar una nueva revisión para que un tribunal de la Corte Nacional revoque definitivamente la sentencia.
En contexto
En diciembre del 2017, organizaciones de derechos humanos pidieron el indulto a favor de Galo Lara. Entonces, Jenny Lara, su hermana, hizo un llamado a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, para que fijen hora y fecha para presentar el recurso de revisión de la sentencia.