La inclusión de nuestro país en una lista de alto riesgo para el sistema financiero internacional, junto a Angola, Corea del Norte, Irán y Etiopía fue anunciada y se pudo evitar. Una investigación de este Diario revela la advertencia lanzada en pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), efectuada en diciembre en Buenos Aires. A la cita acudió una delegación ecuatoriana encabezada por el Procurador.
La comisión debía presentar informes de seguimiento al documento de septiembre de 2006, que establecía que Ecuador no se ajustaba a 48 de las 49 sugerencias sobre los sistemas legales, sanciones, controles, prevenciones financieras para detectar y evitar el lavado de dinero.
En vista de que los delegados no presentaron el informe de avance indispensable, el Gafisud solicitó la sanción. El Consejo Nacional de Lavado conoció los hechos en diciembre y cuestionó el papel cumplido por la misión. Finalmente, la sanción se dio pese a que el Procurador envió tardíamente documentos sobre avances en materia legal y en tipificación del delito del terrorismo, y a que se estableció el compromiso de que una comisión del organismo vendría al país.
Los expertos del GAFI estimaron evidente la falta del compromiso del país. A esto se sumó el acuerdo con Irán, pese a las advertencias de técnicos del Banco Central, que en 2008 habían alertado sobre la sanción a los bancos iraníes por parte de la ONU y el Tesoro de Estados Unidos, por financiamiento a grupos terroristas.
Sería conveniente que las autoridades políticas incluyan estos hechos en su análisis, para entender mejor las decisiones de un organismo con el cual el país interactuaba desde hace años, y la respuesta del Ecuador como Estado.