7 de abril de 2019 00:00

La gaceta judicial, una radiografía del país

La colección completa de la Gaceta Judicial contiene sentencias publicadas en los últimos 124 años: cinco fallos de la época de la Real Audiencia de Quito (1783 y 1784); una selección de resoluciones de las últimas décadas del siglo XIX (cerca de 600 que

La colección completa de la Gaceta Judicial contiene sentencias publicadas en los últimos 124 años: cinco fallos de la época de la Real Audiencia de Quito (1783 y 1784); una selección de resoluciones de las últimas décadas del siglo XIX (cerca de 600 que van de 1871 a 1900); unas 8 000 correspondientes al siglo XX y unas 1 400 del siglo XXI, que llegan hasta el 2016. Las Gacetas se encuentran en la Biblioteca de la Corte Nacional de Justicia, o en digital (en PDF) en la página web de la Función Judicial del Ecuador.

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Gustavo Salazar Calle

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Toda sociedad moderna sesustenta en su trayectoria jurídica. Por ello la Gaceta Judicial de la Corte Nacional de Justicia, que hace poco cumplió 12 décadas de venirse publicando, vertebra la historia judicial de nuestra nación.

Rastreando sus orígenes, descubrimos que en la presidencia de José María Plácido Caamaño, en 1888, mediante un decreto legislativo se estableció la creación del Archivo, la Biblioteca y una publicación periódica, que solo se hizo realidad años más tarde por falta de presupuesto.

Hubo épocas en las cuales el fratricidio se castigaba con la pena capital, en algunas de ellas se ejecutaba una ley denominada cúleo, que provenía de la época de Justiniano en el siglo V de nuestra era, aquí se trata de una sentencia aplicada, en el reinado de Carlos III en el año de 1783, contra Melchor del Valle, quien fue condenado con 200 azotes y luego a ser ahorcado “hasta la muerte”; al cadáver se lo introdujo en un zurrón de cuero junto con una víbora, un gallo, un perro y un mono vivos, a continuación se cosía la alforja para finalmente arrojarla al río.

Esta sentencia se aplicó en Azogues y los cuerpos terminaron en el Matadero, nombre con el cual se conocía al río Tomebamba y quien se atreviese a recuperarlos si era ‘noble’ debía pagar 200 pesos y de ser ‘plebeyo’ recibiría 200 azotes. Esta pena se llamó muerte afrentosa.

Se dan casos como el de la estafa a los herederos del prócer de la independencia José de Villamil, en 1877, cuando los arrendatarios de sus tierras vendieron los animales que tenían en San Cristóbal, en las islas Galápagos; o la que en 1903 refiere una tentativa de suicidio en un cuartel, cuando los jueces por mayoría sostuvieron que no debía castigarse al soldado a pesar del voto salvado de uno de ellos, que insistía en aplicar una severa sanción. Otro de los jueces argumentó que de considerarlo como un delito punible se estimularía para que el individuo que intentase suicidarse no fallara en el intento y así evitaría la sanción.

Tenemos también el caso del deportista camerunés Cyril Makanaki, que entabló un juicio por terminación de un contrato laboral por parte de un club deportivo ecuatoriano en 1996. La hinchada del equipo sostuvo que el futbolista maldijo al club para que no ganara ningún juego más. Maldición o no, durante varias temporadas el equipo no ganaba una copa; sus directivos preocupados decidieron llegar a un acuerdo para levantar la maldición, y los goles volvieron a esa cancha.

Las causas que aparecen en la Gaceta Judicial nos muestran realidades que tienen plena vigencia, como cuando dos funcionarios de la Oficina de Antinarcóticos de los Estados Unidos, como si se tratara de una película hollywoodense, vinieron a Quito en el año 1958 y haciéndose pasar por traficantes ayudaron a atrapar a un par de ecuatorianos implicados en la venta de drogas.

O la resolución del presidente de la Corte Suprema en 1938, Julio Tobías Torres, quien considerando que no había los suficientes elementos jurídicos se abstuvo de instruir sumario, por violación de las garantías constitucionales, contra el Presidente de la República. Interesante pasaje de nuestra historia política: la Asamblea Nacional de 1938, luego de la renuncia de Manuel María Borrero de la Jefatura Suprema de la República, en consenso nombró al médico quiteño Aurelio Mosquera Narváez, jefe del Ejecutivo del Ecuador, este disolvió a la Asamblea; y cuando ella -cuyo secretario era el abogado Pablo Palacio- intentó defenestrarlo acusándolo de decisiones inconstitucionales, varios de sus miembros terminaron presos, uno de ellos fue el novelista Alfredo Pareja Diezcanseco. Ironías del destino, Mosquera Narváez se sostuvo en el poder, pero no concluyó el período por su muerte en extrañas circunstancias, que llevará a nuestro país a otro pasaje más complejo en nuestra historia, la etapa de Carlos Alberto Arroyo del Río.

Por la Gaceta Judicial desfilan otras causas que han hecho historia con casos tan sonados como el de Antonio Hanna Musse por peculado; la conocida como la mochila escolar; el asesinato de Antonio Briz López; por malversación de fondos públicos de Joffre Torbay; o el asesinato político del economista Abdón Calderón Muñoz. Centenares de causas por juicios de trabajo, sobre todo despidos intempestivos. Se comprenderá que hay de todo, desde estafa, robo, violación, asesinato, robo de dinero del erario público, herencias, embargos, divorcios, en fin, muchos actos humanos desfilan por esta revista.

Las curiosidades no acaban aquí. A lo largo de la publicación desfilan como aplicadores de la justicia desde José García de León y Pizarro, quien dispuso que Eugenio Espejo acompañara a Francisco de Requena en la expedición al Marañón, o un siglo después Pablo Herrera, Pedro Fermín Cevallos, Julio Castro o José Modesto Espinosa (importantes intelectuales y juristas del siglo XIX, que juntos crearon la Academia de la Lengua) de quienes existen varias decenas de sentencias; además los cuatro fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia. O ya en el siglo XX Alejandro Cárdenas, o Manuel Eduardo Escudero y Abelardo Carrera Andrade, padres de Gonzalo Escudero y Jorge Carrera Andrade; también otros prestigiosos jurisconsultos como los cuencanos Manuel Ramón Balarezo y Remigio Crespo Toral, o los guayaquileños César Villavicencio y José Antonio Campos; Wilfrido Loor de Manabí o en Loja Máximo A. Rodríguez y el lojano-guayaquileño Carlos Eduardo Jaramillo. Podemos hallar sentencias firmadas por otros centenares de autoridades de toda la República y miles de anónimos personajes que forman parte de nuestra historia jurídica.

Desde la fundación de la revista, sus responsables fueron configurando una tradición que aspiró a sistematizar su contenido. Tenemos varios Índices por materias cuyo primer trabajo, de lo que sabemos, se remonta al año 1907; su objetivo fue facilitar a los usuarios de la Gaceta Judicial la consulta ágil y precisa de la publicación. Fueron esfuerzos institucionales llevados adelante por secretarios de la Corte y/o directores de la Gaceta, o abogados particulares, apasionados por esta revista. El resultado final fueron 19 Índices de distinto formato y paginación que conforman el contenido de 5 de las 19 series, que cubren los primeros 920 números de la Gaceta Judicial, entre 1902 y 1933; de los directores que se empeñaron en esta labor destacaron Tito A. Rodríguez hacia 1923 y Ángel N. Vela, en 1953, hasta la reciente y completa sistematización digital de toda la revista realizada por el Consejo de la Judicatura con la colaboración de la Corte Nacional de Justicia.

El contenido de la Gaceta Judicial es de muy instructiva lectura, pues nos acerca a las situaciones que son provocadas por la condición humana.
Leopoldo Pino, presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1902, anunció la utópica idea de que la Gaceta Judicial contribuiría a que llegue el día en que “desaparezca siquiera la mayor parte de los litigios”. Noble aspiración que debemos creer posible, ya que el ser humano es perfectible.

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