23 de diciembre de 2018 12:02

Entre USD 26 y 901 bajará el salario por contrato ocasional

Trabajadores ingresan a la Plataforma Gubernamental ubicada en el sur de Quito.

Trabajadores ingresan a la Plataforma Gubernamental ubicada en el sur de Quito. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Diana Serrano
Redactora (I)

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Nelson ingresó a trabajar en una dependencia del Ministerio de Salud desde diciembre del 2016. En enero del 2017 le renovaron su contrato de servicios ocasionales, como servidor público 1, con un salario de USD 817.

Ese es el sueldo que actualmente percibe, con lo que cubre gastos, principalmente por la educación de su hija de tres años, que le significa USD 165. También tiene egresos por el pago de servicios básicos, alimentación y ropa, que mensualmente suman USD 200.

Al descontar los gastos por salidas y compras no previstas, Nelson ahorra unos USD 200 al mes, que en el próximo año quería destinar a las cuotas mensuales por la compra de un vehículo.

El jueves, los jefes de Nelson le confirmaron que renovarán su contrato, “pero ahora con las condiciones que el Gobierno indicó”, le dijeron.

Con esto, Nelson pasa a ser servidor de apoyo 3 y dejará de percibir USD 142. El trabajador dice que ya no tiene en mente adquirir un auto y está pensando en ajustar su presupuesto familiar.

Esta semana, el Gobierno anunció la reducción de los salarios para el personal que labora bajo la modalidad de contratos ocasionales, como parte de un nuevo paquete de medidas económicas.

Con esta disposición, los trabajadores que están bajo esta modalidad tendrán una reducción salarial de USD 26 a 901, dependiendo de en qué escala estén ubicados.

Reducción salarial en el sector público


Con esta medida, el Fisco espera reducir en USD 300 millones al año la masa salarial.

El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, señaló que los primeros funcionarios que sentirán el ajuste serán quienes firmen nuevos contratos para enero o los que renueven la relación laboral ese mes.

Alejandra trabaja en un ministerio y su contrato vence este mes. A ella aún no le indican las condiciones de renovación por la vinculación para el próximo año. Está en la escala de servidor público 7 y gana USD 1 676. Con el anuncio gubernamental y, de renovarse su contrato, para el próximo año recibirá USD 1 212.

Su salario mensual lo destina al pago de arriendo de vivienda (USD 450), alimentación y medicinas, principalmente. Además, para el pago de dos tarjetas de crédito, en las que acumula una deuda por USD 2 300.

“Considero injusto que se rebaje a quienes somos profesionales y hemos invertido en maestrías. No se cumple con la meritocracia ni hay una verdadera evaluación de las capacidades y años de experiencia”, comentó Alejandra, quien lleva más de siete años laborando en el sector público.

Para Iván Nolivos, abogado laboral, el proceso es legal, ya que la rebaja salarial aplica en la renovación del contrato y no en el documento vigente.

Pero el experto admitió que el instrumento contractual es precario, ya que no brinda garantías a los trabajadores, especialmente en la estabilidad laboral. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, este tipo de contratos pueden darse por terminados en cualquier momento, por causales como incumplir con la atención debida al público.

Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, señaló que la iniciativa es arbitraria y viola los derechos de los trabajadores.

Recuerda que la Constitución habla de la irrenunciabilidad de derechos, como un principio que protege a los trabajadores en general. Además, “los derechos adquiridos no son regresivos”, dijo Recalde.

Para el experto, con el ajuste salarial en los contratos, las entidades públicas también deberán hacer cambios en la estructura técnica; por ejemplo, en los perfiles de los cargos, los manuales y otros.

En noviembre pasado, el Gobierno anunció que empezará el siguiente año un proceso de regularización de 140 000 servidores públicos.

De estos, 70 000 tienen contratos ocasionales y el resto, nombramiento provisional.

Para Recalde, esto también generará otro problema para los servidores ocasionales que están bajo esta figura, debido a que el nombramiento ahora se hará con un salario menor al que estuvieron percibiendo y quedará fijado con ese monto.

El experto añadió que debido a la situación laboral, muchos servidores públicos que tienen contratos vigentes se verán obligados a aceptar las nuevas condiciones.

Sin embargo, otros se están replanteado su futuro laboral.

Nelson tiene previsto en enero iniciar la búsqueda de un nuevo empleo como economista en el sector privado.

Por su parte, Alejandra ­tiene previsto emprender en una tienda orgánica y tra­bajar con productores pequeños del país.

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