El pasado jueves 9 de abril del 2020 en el Pleno se emitió una resolución de apoyo a las Fuerza Armadas y la Policía por su labor durante el estado de excepción. Foto: cortesía Asamblea
La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una disposición que deberá tomar en cuenta la intención de la reducción de sueldos, propuesta por el presidente Lenín Moreno para mitigar la crisis económica por la pandemia del covid-19. En principio, cada función del Estado tiene la facultad de acogerse o no a la medida, según expertos.
La disposición séptima de la Losep señala que ningún servidor que consta en el artículo 3 de esa Ley (funciones del Estado, régimen autónomo descentralizado y entidades creadas por la Ley para funciones estatales) podrá percibir “una remuneración inferior a la mínima establecida en las escalas dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales”.
Esa disposición también establece que esos funcionarios públicos no podrán ganar más o lo mismo que el Presidente de la República.
Para el constitucionalista Jorge Benavides, es importante conocer cómo se planteará la medida. “En principio se entendería que se trata de contribuciones, ya que los salarios públicos van anclados a partidas presupuestarias”. Cree el estado de excepción no faculta al Presidente a reducir salarios de otras funciones. “Lo que podría hacer es exhortar”.
Para Juan Francisco Guerrero, experto en Derecho Constitucional, la reducción de toda remuneración puede llevarse a conocimiento de la Corte Constitucional. Pero a pesar de que se han realizado reducciones de sueldo en este Gobierno y en el anterior, la Corte no ha dicho nada al respecto.
Por ejemplo, en diciembre del 2018 se emitió un Decreto Ejecutivo con el cual se reajustó el salario del nivel jerárquico superior del Ejecutivo. Eso requirió que el Ministerio de Trabajo emitiera un acuerdo en el que se establecieron nuevas tablas para las remuneraciones de los niveles 8, 9 y 10.
El domingo 12 de abril, el presidente Lenín Moreno escribió en Twitter: “He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gobiernos Seccionales, en especial la Asamblea”.
Guerrero manifestó que la Constitución establece la independencia de funciones. “Las otras funciones tendrían la oportunidad de acogerse o no a este pedido. Sin embargo, deben considerar que hay un claro vicio de inconstitucionalidad que el día de mañana podría ser cuestionado”, dijo.
Una vez que esta medida se concrete, el presidente Moreno reduciría su sueldo de USD 5 072 a USD 2 536. Ese sueldo podría tomarse como referencia para el tope de salarios de los funcionarios públicos.
“Una cosa es que el Presidente diga que se va a bajar el sueldo. Otra es cómo envíe ese proyecto”, señaló Benavides. Para el experto sería menos problemático optar por destinar un porcentaje de su sueldo como una contribución.
En la asamblea habría apertura para esta medida. Así lo anunció su presidente, César Litardo (AP). Señaló que se acogería al planteamiento. “Me parece que es una acción que sigue siendo política. Es lo que la gente quiere escuchar. Tal vez tiene un toque populista”, le dijo a Ecuavisa.
Ana Belén Marín (AP), integrante del Consejo de Administración de la Legislatura, indicó que esa instancia se encarga de tratar el tema. “Allí llevaremos sus posiciones para tomar una decisión”.
Recordó que durante el actual período legislativo se han acordado tres reducciones de salario. Una se produjo en enero del 2019, el Legislativo anunció que se sumaría a esa medida. Allí, el salario de 524 funcionarios, incluidos los de los 137 asambleístas, se redujo un 5%.
Un legislador tiene un sueldo de USD 4 759, como su remuneración mensual unificada, a parte de eso los parlamentarios que tiene su residencia en la capital de la República reciben diferentes bonos, de acuerdo a una tabla. Mientras tanto, los salarios de los asistentes y asesores oscilan entre los USD 1 394 y USD 3 014.
Sobre la posición de los Gobiernos Provinciales, el área de comunicación del prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, quien preside el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), indicó que mañana habrá una sesión en donde se tratará el tema.
Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dijo que solo cuando haya un criterio jurídico dará su punto de vista.
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